El Ministerio de Capital Humano y la ANSES le exigirán esta cifra, que también incluye la pensión de Néstor Kirchner que percibió en todos estos años.
El Gobierno demandó a Cristina Kirchner por $1000 millones que cobró por su jubilación de privilegio.
Después de la sentencia confirmada contra Cristina Kirchner por parte de la Corte Superman en la causa Vialidad, el Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) demandaron a la ex presidenta y le exigen la devolución de cerca de $1000 millones. Este monto es la sumatoria de todo lo que recibió por su jubilación de privilegio ($400 millones) y la pensión de Néstor Kirchner ($600 millones).
En A24 dieron detalles del pedido y de las propiedades que cuenta la ex mandataria para poder cumplir con este requerimiento, en tanto este proceso judicial, similar al reclamo por $236 millones a Amado Boudou, se da a conocer tres días después de que la Corte Suprema ratificara la condena de seis años por la causa Vialidad.
Cristina Kirchner cobraba jubilaciones irregulares, porque tenía domicilio en El Calafate, pero residía en Capital Federal y tenía un plus por desarraigo, más una jubilación vitalicia y una pensión por Néstor Kirchner, lo cual sumaba un ingreso por mes que rondaba los 21 millones de pesos.
En otras de las causas, por el caso Hotesur y Los Sauces, la justicia trabó nuevos embargos que también afecta a Máximo Kirchner y si eventualmente es condenado les quitarán el monto de las propiedades embargadas. En tanto, Florencia Kirchner recuperó el dinero que le había retenido la justicia por la causa de Los Sauces.
El Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, se declaró incompetente para tratar el amparo electoral que pretendía mantener la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como legisladora provincial bonaerense.
Según Ramos Padilla, se trata de una cuestión que debe ser resuelta en la Justicia de la provincia de Buenos Aires o bien, por la Junta Electoral bonaerense.
La demanda fue interpuesta por el abogado Daniel Llermanos, quién argumentó que la ex presidenta ya contaba con “posesión de estado electoral”, a pesar de que aún no se hubiera formalizado su candidatura, y que esta debe mantenerse a pesar de la confirmación de la condena por la causa Vialidad, ratificada esta semana por la Corte Suprema.
