Ahora las empresas privadas que quieran prestar servicio podrán fijar precios y cantidad de pasajeros y la única obligación será cumplir con estándares de seguridad.
El Gobierno desreguló por decreto el servicio de combis: tendrán plena libertad de tarifas, recorridos y horarios
El Gobierno Nacional desreguló los servicios de oferta libre de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El decreto, en el que también se menciona a los colectivos, afecta sobre todo a los servicios de combis y minibuses, y busca "agilizar los procedimientos administrativos".
Por medio del Decreto 830/2024, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, creó el Registro de Transporte de Pasajeros Urbano y Suburbano, en donde deberán anotarse las empresas privadas que quieran prestar servicio. Podrán fijar precios y cantidad de pasajeros y la única obligación será cumplir con estándares de seguridad.
La norma, expresa que "corresponde disponer de un esquema de prestación de los Servicios de Oferta Libre más flexible, con el fin de que los prestadores puedan establecer libremente los recorridos, horarios, precios, modalidades y vehículos".
"Con el fin de una correcta implementación del nuevo régimen, resulta necesario la creación de un Registro Nacional del Transporte de Pasajeros por Automotor de Carácter Urbano y Suburbano que permita centralizar y reorganizar la información y los controles necesarios para el desarrollo de la actividad, tornando más eficiente y eficaz el uso de los recursos y simplificando los trámites y exigencias", establece el texto.
Desde el Gobierno explicaron que serán los transportistas y las empresas quienes "podrán determinar la cantidad de servicios, recorridos y tarifas, aumentando de esta forma la oferta al pasajero, debiendo dar cumplimiento a la inscripción en el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros".
En este sentido, aclararon que la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía "no establecerá restricciones, siempre y cuando se cumplan los estándares mínimos en materia de seguridad".
Además, el decreto especifíca las diferencias entre servicios públicos y privados. A los primeros los describe como "aquellos que tengan por objeto satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad, en igualdad de condiciones para todos los usuarios, las necesidades comunitarias de carácter general en materia de transporte".
Mientras que los de "oferta libre" son los que no están "comprendidos en los alcances del artículo 8° del presente decreto; dichos servicios son actividades comerciales de transporte que se desarrollan a costo y riesgo del transportista y/o empresa de transporte".
Además, el decreto establece que "en el caso de las empresas de transporte que se encuentren prestando servicios públicos urbanos, que inicien y terminen sus recorridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán continuar operando con los permisos otorgados oportunamente por el Estado Nacional hasta que la Ciudad, en ejercicio de su exclusiva competencia, determine los distintos aspectos de su regulación".
A su vez, mediante el Decreto 832/2024, el Gobierno simplificó los trámites para el transporte automotor de cargas en todo el país.
El proceso de inscripción al Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) será "electrónico, declarativo, sin costo y no exigirá presencialidad". "Así, el Estado Nacional dejará de promover procesos burocráticos eternos para emitir permisos, beneficiando a las empresas que efectúen transporte nacional e internacional de cargas", señalaron.
Además, explicaron que se podrá circular con documentos digitales como el certificado de R.U.T.A y los seguros correspondientes.
