El Ministerio de Justicia, a través de la IGJ, busca que presenten documentos que respalden gastos e inversiones por más de USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente.
El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional.
El Gobierno nacional anunció que el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol a presentar explicaciones detalladas sobre sus balances contables y financieros.
Según informó oficialmente el Ejecutivo, el requerimiento apunta a gastos e inversiones que superan los USD 111 millones en el caso de la AFA y los USD 340 millones en el de la Liga Profesional, montos que deberán ser respaldados con documentación específica.
En el escrito difundido por el Ministerio de Justicia se señaló que “se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y a responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, tal como se exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”.
El comunicado remarcó además que la IGJ exigirá a la AFA documentación vinculada con gastos e inversiones asociados a actividades que no estarían incluidas en sus estatutos sociales, recordando que se trata de una asociación civil sin fines de lucro. Desde el organismo advirtieron que la falta de respuesta o el incumplimiento de los plazos establecidos podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades como para sus directivos.
La intimación se suma a otra acción impulsada esta semana por el Gobierno. El lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia contra las autoridades de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por presuntas violaciones al Código de Ética y a las políticas anticorrupción y antisoborno del organismo regional.
En esa presentación se solicitó una investigación preliminar sobre un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según Bullrich, comprometerían los estándares de buena gobernanza exigidos por la Conmebol.
Paralelamente, estos hechos se inscriben en el marco de una investigación judicial que lleva adelante el juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Penal Económico N.º 10. La causa analiza las operaciones de la firma Real Central SRL y de dos personas identificadas como Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros de altos dirigentes del fútbol argentino.
Desde la AFA rechazaron las acusaciones y denunciaron una “evidente persecución política” contra las autoridades del fútbol argentino. En un comunicado, afirmaron haber enfrentado “un ataque coordinado del Ministerio de Justicia, legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo”, y cuestionaron los intentos de la IGJ de intervenir en el funcionamiento interno de la entidad.
También criticaron la postura del Gobierno a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas, al sostener que va “en contra de la libertad de los clubes para elegir el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro”.
“En la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna”, concluyeron desde la entidad, en un mensaje que volvió a tensar la relación entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino.
