El Ministerio Público dictaminó en contra del planteo presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad para suspender el proceso licitatorio sobre la Vía Navegable Troncal.
El dictamen también cuestionó la difusión pública de un informe sobre presuntas irregularidades antes de que fuera incorporado al expediente judicial. (Foto: archivo).
El fiscal Guillermo Marijuan recomendó rechazar el pedido de una medida cautelar presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad para suspender la licitación de la Hidrovía impulsada por el Gobierno nacional. El planteo buscaba detener de manera inmediata el avance de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 vinculada a las tareas de dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.
La organización había solicitado que se frenara la apertura del Sobre N° 3 prevista para este martes 19 de mayo, así como cualquier instancia de evaluación económica, adjudicación o firma contractual relacionada con el proceso. El pedido se apoyaba en un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que advertía supuestas irregularidades en la licitación.
Entre las observaciones señaladas en esa presentación se mencionaban presuntas falencias en la audiencia pública, deficiencias en la evaluación ambiental, restricciones a oferentes y cuestionamientos sobre el asesoramiento jurídico del procedimiento. Además, la asociación sostuvo que el proceso avanzaba sin una evaluación ambiental estratégica previa y con riesgo de daño ecológico sobre la Vía Navegable Troncal.
Sin embargo, la fiscalía consideró que el expediente en trámite investiga otros hechos y no la licitación 1/2025. Según el dictamen, la causa se centra en una posible deuda de la Administración General de Puertos (AGPSE) con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S.A. y en un supuesto direccionamiento de la licitación 1/2024 vinculada a la gestión estatal de la Hidrovía durante 2023.
En ese contexto, el fiscal sostuvo que el informe enviado por la PIA “no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante” y afirmó que la discusión sobre la licitación debía canalizarse en otro expediente.
Al analizar el planteo, la fiscalía concluyó que no estaban acreditados los requisitos necesarios para dictar una medida cautelar contra el Estado. Según indicó, "no se advierten reunidos, con la intensidad requerida en esta etapa inicial, los recaudos que habiliten la procedencia de una medida cautelar de la entidad solicitada".
El dictamen también recordó que en la Justicia Federal de Santa Fe ya tramita un amparo ambiental colectivo que cuestiona distintos aspectos del esquema de concesión de la Hidrovía y reclama evaluaciones de impacto ambiental sobre la cuenca del Río Paraná. En ese expediente, según se señaló, las cautelares ya habían sido rechazadas.
Finalmente, la fiscalía recomendó rechazar el pedido presentado por la organización civil y remitir las actuaciones al tribunal interviniente.