La central obrera presentó recursos en los fueros laboral y contencioso administrativo contra la ley sancionada el viernes y advirtió que vulnera derechos constitucionales, mientras sus dirigentes cuestionaron al Gobierno por la situación del empleo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este lunes a Tribunales y presentó ante la Justicia un recurso para que se declare inconstitucional la ley de reforma laboral aprobada de forma definitiva el viernes pasado en el Senado. El planteo fue formalizado con escritos ingresados tanto en el fuero laboral como en el Contencioso Administrativo.
La CGT definió marcha este lunes luego de no tomar ninguna medida activa el día viernes cuando se ratificó la reforma laboral en el Senado, con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, para lograr su sanción definitiva.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, sostuvo Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con la prensa frente a los tribunales de la calle Talcahuano. El dirigente estuvo acompañado por Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, quienes encabezaron la presentación judicial en representación de la central obrera.
Según explicó Sola, la central obrera avanzó con la demanda para cumplir con su postura pública de rechazo a la norma desde el inicio del debate legislativo. En un comunicado difundido luego, la organización argumentó que el pedido de inconstitucionalidad se basa en la presunta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución y de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, instrumentos con jerarquía constitucional.
“La mal llamada de ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, afirmó el texto. Para la central, la norma desconoce el principio de progresividad, que impide retrocesos injustificados en materia de derechos laborales, y también el principio protectorio, que reconoce la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores.
El documento advierte que el nuevo régimen afectaría garantías contempladas en el artículo 14 bis, entre ellas la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros. Además, cuestiona puntos específicos de la ley, como la posibilidad de jornadas de hasta 12 horas, la eliminación de horas extra, cambios en el sistema sancionatorio para empleadores y la opción de pagar indemnizaciones en cuotas mediante el Fondo de Asistencia Laboral.
La conducción sindical sostuvo que ese esquema implicaría financiar despidos con aportes de los propios trabajadores y podría debilitar el sistema previsional. También vinculó la reforma con un escenario económico en el que "se perdieron más de 300.000 empleos”.
Por su parte, Argüello criticó declaraciones del presidente Javier Milei sobre la situación laboral. “Es una locura total y lo estamos viendo día a día. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo”, afirmó, y calificó el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa como “una gran mentira”. “No explicó cómo va a hacer para crear más puestos de trabajo”, señaló Argüello, y advirtió que en la Argentina “ya tuvimos antes estas políticas y ya fracasaron, porque es un modelo para un 20% de los argentinos y los demás estamos todos afuera”.
Jerónimo, en tanto, señaló que distintos sectores empiezan a cuestionar el respaldo que dieron a la iniciativa y sostuvo que la ley “no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores”. La CGT concluyó su pronunciamiento asegurando que resistirá la reforma “por todos los medios” y aguardará ahora la resolución judicial sobre su constitucionalidad.
