El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba para determinar el origen de distintos movimientos bancarios del presidente de la AFA.
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, es investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. (Foto: archivo).
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió enviar un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA explique transferencias por USD 189.578 realizadas a Claudio "Chiqui" Tapia entre 2018 y 2020. La solicitud forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su desempeño como funcionario del CEAMSE.
El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo, quien deberá decidir si ordena las medidas solicitadas. Además de los giros provenientes de la FIFA, la fiscalía busca esclarecer un depósito de USD 620.000 en efectivo y distintos pagos recibidos por el dirigente de parte del Sindicato de Choferes de Camioneros.
En ese marco, la Fiscalía también pidió información sobre las cuentas vinculadas, Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del dirigente sindical Hugo Moyano. A su vez, solicitó a la AFA documentación sobre tarjetas de crédito corporativas, transferencias y viáticos percibidos por Tapia entre 2020 y 2023.
Entre las medidas requeridas también figuran informes sobre vehículos, declaraciones juradas y una consulta a ARCA para determinar si Tapia y Moyano adhirieron a regímenes de regularización de activos.
La causa comenzó en septiembre, a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni. En ese expediente, el juez Lijo ya dispuso solicitar información a la CONMEBOL sobre los cargos e ingresos del dirigente.
La investigación se concentra en el rol de Tapia como funcionario público del Ceamse. El organismo es una empresa pública interjurisdiccional encargada de la gestión de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Tapia integró el directorio del organismo desde 2016. Hasta 2024 se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires y desde enero de 2025 ocupa la presidencia en representación de la provincia de Buenos Aires, según la documentación incorporada a la causa.
Su condición de funcionario público es la que permite que la investigación avance bajo la figura penal de enriquecimiento ilícito. La presidencia de la AFA, que Tapia ejerce ad honorem, no es el cargo que origina esta investigación.
