Cerca del ministro de Economía, Sergio Massa y del presidente Alberto Fernández, salieron a desmentir que trabajen en un plan de estabilización, como reclaman desde el Instituto Patria, alineado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, medidas urgentes que contemplen un congelamiento de precios y salarios por 4 meses, para frenar la desbocada inflación, que amenaza con espiralizarse hacia fin de año, si el Gobierno no hace nada para pararla.
Este lunes será un punto de inflexión, le advirtió a la Casa Rosada el ultrakirchnerismo que convoca a una masiva marcha a Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad peronista. Esta vez amenaza en transformarse en una manifestación de una parte importante del oficialismo en contra del programa de ajuste fiscal firmado por el Gobierno con el FMI y que esta semana volvió a ratificar Massa en Estados Unidos.
"No tenemos nada de eso, Massa está con el eje en el orden fiscal", se excusan en el círculo más cercano al ministro de Economía, Sergio Massa, ante la consulta de A24.com sobre el supuesto plan de estabilización que trascendió en los últimos días que estaría analizando el Gobierno para congelar precios y salarios por 180 meses desde noviembre.
Aunque nadie se hace cargo de los trascendidos, los rumores sobre ese plan de congelamiento de precios y salarios, coinciden con los reclamos de sectores alineados a la vicepresidenta Cristina Kirchner que marcharán este lunes 17 de octubre a Plaza de Mayo.
Massa evitó hablar del tema durante su nueva gira en EE. UU. donde ratificó el acuerdo con el FMI. La Casa Rosada, con la portavoz presidencial Gabriela Cerruti a la cabeza, directamente salió a desmentir ese supuesto plan.
Cerruti dijo que "no hay medidas para anunciar". Respecto a los reclamos de aumentos salariales, la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, ratificó que la estrategia por ahora sigue siendo la misma: continuar con la reapertura de negociaciones paritarias sector por sector para que los salarios, al menos, empaten con la inflación anual.
Kelly Olmos fue recibida en la sede de la cartera laboral que dejó vacante el amigo de presidente, Claudio Moroni, con un paro del gremio de colectiveros (UTA) y con duras negociaciones con el gremio de Camioneros que pide 131% de aumento más un bono extra de $100.000. La negociación se empantanó porque el sector empresario le ofreció 81% de recomposición salarial para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación a fin de este año.
Alberto Fernández esperó a conocer el nuevo índice de inflación de septiembre, que se ancló alrededor del 7% y subió la apuesta tras las nuevas críticas. Se alejó aún más del kirchnerismo duro al mostrarse en Mar del Plata en el Coloquio Anual de IDEA, con el denominado círculo rojo. Los empresarios más grandes a los que Cristina Kirchner suele acusar de ser oligopolios responsables de especular con la remarcación de precios.
Alberto fue a IDEA a prometer la continuidad del plan de ajuste fiscal y a reclamar mayor compromiso y colaboración de los empresarios.
"Yo creo que el acuerdo original está caído de hecho" dijo Larroque y agregó: "Me parece que las renegociaciones ya se está haciendo. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo que está haciendo en cada uno de sus viajes es ir modificando aquellas pautas originales del acuerdo con el FMI".
Por si quedaban dudas, reclamó "discutir cómo vamos a resolver este acuerdo con el Fondo, que nos habían prometido que era la panacea y que estamos viendo una verdad elocuente e indisimulable que lo que se había dicho (Martín Guzmán) no ocurrió y que no era tan benéfico este acuerdo. Hoy estamos en una situación muy compleja que tenemos que ver cómo resolver a futuro".
Entre la espada del kirchnerismo duro y la pared del FMI, Massa evitó responder las críticas de La Cámpora mientras mantenía reuniones en Estados Unidos con el FMI, el BID y el Banco Mundial, para negociar más créditos para fortalecer las reservas del Banco Central.
Fuentes cercanas a Massa consultadas por A24.com confirmaron que el ministro ratificó que su objetivo es estabilizar la macroeconomía "apostando a ordenar lo fiscal", mientras se siguen demorando los aumentos salariales y de subsidios a los sectores más pobres.
Ahora los diputados que responden al kirchnerismo ponen en duda la votación de la ley de Presupuesto 2023 que reclama Massa al Congreso para poder gestionar.
"Una facción del gobierno sigue oponiéndose al programa mientras persisten las diferencias sobre la dirección de la política económica", advirtió el viernes el FMI en otro documento difundido durante la Asamblea Anual del organismo, donde además, señaló al Gobierno "que es muy importante avanzar en el acuerdo sobre el ajuste de la política económica que será especialmente desafiante de cara a elecciones de 2023".
Los de esta semana no serían los últimos cambios de gabinete. Manzur ya tiene pensado irse antes de las PASO de 2023.
Su lugar sería tomado por Juan Manuel Olmos, actual vicejefe de Gabinete y asesor cercano de Alberto Fernández, aunque algunos no descartan un nuevo enroque del canciller Santiago Cafiero, o el desembarco del ahora titular de la AFI, Agustín Rossi, algo que terminará de definir llegado el momento el presidente.
Manzur se mostró como cada viernes, en un congreso de gobernadores peronistas del norte grande, y el convocó para este miércoles 19 a una nueva reunión de gabinete que había sido postergada la semana pasada en medio de las renuncias de los exministros de la Mujer, Trabajo y Desarrollo Social.
"Manzur se va a ir cuando se acerque el tiempo de la interna en Tucumán. Faltan unos meses, pero ahora no", aclaran fuentes del gobierno a A24.com. No puede postularse nuevamente a gobernador de Tucumán porque ya fue electo dos veces seguidas; en su entorno no descartan que pueda acompañar en la futura fórmula a la gobernación al actual gobernador interino, Osvaldo Jaldo.
En tanto, quien desmintió los rumores de renuncia fue el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, seguirá en su cargo hasta el fin del gobierno de Alberto Fernández.
En vísperas de un tenso 17 de octubre, el peronismo se prepara para protagonizar un nuevo capítulo de una dura puja interna por la definición de candidatos en 2023, pero antes, por la puja distributiva, con una inflación que deja al gobierno con poco margen de maniobra y preocupado en evitar una explosión de la crisis social, a poco de finalizar el año.