La investigación
Los investigadores analizan además las diferencias entre las medidas realizadas en la propiedad de San Vicente y las llevadas adelante en Nordelta, mientras intentan reconstruir las características originales del lugar donde habría sido filmado el video.
Otro de los puntos bajo análisis son las contradicciones detectadas en las declaraciones de Piccirillo respecto de la existencia y las características del vestidor, un aspecto que podría resultar relevante para determinar el origen del material incorporado al expediente.
La investigación también busca establecer si el vestidor de esa vivienda sufrió modificaciones estructurales con el objetivo de ocultar elementos que pudieran resultar de interés para la causa. (Foto: captura de pantalla)
Pedido de detención
En paralelo, el juez federal Luis Armella rechazó el pedido de detención de Cirio e Insaurralde que había sido impulsado por el fiscal Sergio Mola. La decisión se apoyó en cinco argumentos, entre ellos que el video aún no fue peritado en su totalidad, que podría haber sido grabado en 2023, las conductas procesales colaborativas de los involucrados, la falta de sustento formal de la acusación contra Cirio y la existencia de defectos de fundamentación en la solicitud presentada.
No obstante, el magistrado dispuso una serie de medidas restrictivas para evitar posibles interferencias en la investigación. Cirio, Insaurralde y Sofía Clerici tienen prohibido salir del país, no pueden permanecer más de 24 horas fuera del domicilio declarado y tampoco alejarse más de 50 kilómetros de la vivienda autorizada.
La situación procesal de Jésica Cirio
En cuanto a la situación procesal de la conductora, la investigación no se centra en un presunto enriquecimiento ilícito debido a que Cirio no fue funcionaria pública. La pesquisa apunta a determinar si existieron maniobras compatibles con un posible lavado de activos.
Dentro de ese expediente, una de las pruebas consideradas más relevantes es la pericia contable que debe realizar la Corte, ya que sus conclusiones podrían tener un peso determinante en el avance del proceso judicial. En ese contexto, los informes elaborados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) son evaluados como indicios para orientar la investigación, aunque no constituyen una prueba directa por sí mismos.