La exgobernadora bonaerense junto al Procurador General, Julio Conte Grand.
Luego de que se conocieran los videos en el que el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, afirmó que si pudiera tendría una "Gestapo para terminar con todos los gremios", los diputados de la provincia de Buenos Aires acusarían ante el Senado al Procurador General, Julio Conte Grand, y al subprocurador general, por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo, afirmaron fuentes del Frente de Todos a A24.com.
En el video denunciado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Villegas afirmó que contaban con el “aval de la Procuración General” para a "armar causas judiciales” contra sindicalistas de la región. Por este motivo, desde el bloque oficialista señalaron a este medio que manejan dos alternativas para denunciar a Conte Grand a causa de su participación en la "Gestapo antisindical".
La primera es presentar una acusación formal en el Senado contra Conte Grand, argumentando delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo. En este caso, necesitarían que dos tercios de la Cámara de Diputados apruebe la acusación y el allanamiento de la inmunidad del acusado.
Si bien no cuentan con esta mayoría, los votos que le faltan podrían ser conseguidos por parte de la Unión Cívica Radical (UCR), fuerza que aún no se expresó sobre la denuncia de la AFI.
En caso de pasar esta etapa, el Senado es el que llevaría a cabo el juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, constituyéndose al efecto en tribunal y prestando sus miembros juramento o afirmación para estos casos”.
La segunda opción -según pudo saber A24.com- sería denunciarlo ante la comisión bicameral para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, en la que cualquier ciudadano puede presentar una acusación contra jueces de las cámaras de apelación y de primera instancia, y los miembros del ministerio público.
En este caso, es el secretario del Jurado de Enjuiciamiento quien pondría el requerimiento judicial en conocimiento del Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Presidente del Senado.
