La Provincia no acatará la orden de la Justicia para vacunar presos
Después de que se conociera que un tribunal bonaerense ordenó al gobierno de Axel Kicillof que diseñe un plan para inocular contra el coronavirus a las personas privadas de libertad con enfermedades de riesgo en las cárceles de la Provincia, la administración bonaerense decidió que no acatará esa disposición.
La provincia de Buenos Aires no va a obedecer la orden que dio la Justicia para vacunar a los presos porque, según pudo saber A24, el gobierno que comanda Kicillof consideró que “la Justicia no es la encargada de pautar los tiempos de vacunación”.
De esta manera, el objetivo de la Provincia es mantener el plan de vacunación de la misma forma que estaba previsto originalmente, es decir, no dar un tratamiento especial por la condición de presos.
Este martes se conoció que la Cámara en lo Contencioso Administrativo provincial hizo lugar a un recurso de amparo que había presentado en abril pasado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que encabeza el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, para inocular a las personas privadas de su libertad que padezcan enfermedades de riesgo en el territorio bonaerense.
El dictamen judicial pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense “que, en el plazo de cinco días, arbitre con carácter de urgente las medidas necesarias para garantizar un plan programado de acceso a la vacuna contra el Covid-19 a las personas privadas de su libertad que formen parte de los grupos de riesgo frente a dicha enfermedad, en compatibilidad con la evolución en la inoculación en la que se encuentra el programa provincial ‘Buenos Aires Vacunate’”, indicaron en su sentencia los jueces Claudia Milanta y Gustavo Spacarotel; en tanto, el magistrado Gustavo De Santis firmó en disidencia.
El fallo reconoció que las personas detenidas en las cárceles provinciales que padecen enfermedades de base también deben ser alcanzadas con el plan de vacunación dispuesto por Kicillof porque, además, “no implica una alteración o modificación en cuanto al orden de prioridades establecido para la aplicación" de dosis contra el Covid-19”.
La Comisión Provincial por la Memoria había advertido que suman 1.500 las personas mayores de 60 y entre 18 y 59 con factores de riesgos en los penales bonaerenses. "Las inhumanas condiciones de detención, sobrepoblación y hacinamiento extremo convierten a cárceles y comisarías en espacios propicios para la diseminación del virus", evaluó la CPM.
