La tensión entre la Argentina y Gran Bretaña volvió a escalar por el proyecto petrolero Sea Lion. Londres rechazó el arbitraje impulsado por el Gobierno nacional para frenar la explotación de hidrocarburos y lanzó una advertencia sobre la relación bilateral.
Malvinas: Reino Unido convocó a la embajadora argentina y rechazó el arbitraje por el petróleo de Sea Lion.
El Reino Unido convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para comunicarle formalmente su rechazo a la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con un arbitraje internacional por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La disputa gira alrededor del proyecto petrolero Sea Lion, cuya primera producción está prevista para 2028.
La convocatoria representó una nueva escalada diplomática entre Buenos Aires y Londres. El gobierno británico cuestionó la estrategia adoptada por la Argentina y sostuvo que los intentos por obstaculizar la actividad económica en las islas ponen en duda la confiabilidad del país como socio del Reino Unido.
La respuesta llegó después de que el Gobierno argentino anunciara que recurrirá al mecanismo de arbitraje contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para intentar frenar el desarrollo petrolero en la Cuenca Malvinas Norte.
La subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, confirmó públicamente la convocatoria a Plaza y defendió la posición de Londres.
Según la funcionaria, los habitantes de las islas tienen derecho a administrar y desarrollar sus recursos naturales. Además, el gobierno británico sostiene que las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan allí se encuentran reguladas por la normativa vigente en las islas y son compatibles con el derecho internacional.
La Argentina rechaza esa interpretación. El país mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y considera ilegítima cualquier exploración o explotación unilateral de sus recursos naturales sin autorización argentina.
La comunicación británica fue especialmente crítica con la decisión tomada por la administración de Milei. Kumaran calificó el arbitraje impulsado por Buenos Aires como un nuevo intento de “socavar los derechos y los medios de vida” de los habitantes de las islas.
Además, Londres transmitió a la embajadora Plaza que considera que los esfuerzos argentinos destinados a impedir la actividad económica en el archipiélago no constituyen una conducta propia de una relación internacional responsable.
La funcionaria británica fue incluso más lejos al afirmar que el comportamiento argentino plantea interrogantes sobre la confiabilidad de la Argentina como socio del Reino Unido.
Londres también reiteró su respaldo a los habitantes y a las autoridades locales de las islas y aseguró que continuará defendiendo su posición respecto del desarrollo económico del territorio.
El Gobierno argentino, por su parte, sostiene que el Reino Unido carece de derecho para disponer unilateralmente de los recursos naturales de una zona cuya soberanía se encuentra en disputa.
La nueva tensión comenzó después de que el Gobierno anunciara el inicio de un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido para intentar detener el avance de Sea Lion, uno de los proyectos petroleros más importantes desarrollados en aguas próximas a las Islas Malvinas.
La administración de Milei sostiene que la explotación unilateral de hidrocarburos afecta los derechos soberanos argentinos y puede generar un perjuicio irreversible.
La medida contempla recurrir al mecanismo previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Gobierno argentino también anticipó que, si Londres no modifica su posición, buscará llevar la controversia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Milei estableció públicamente un plazo de dos semanas para que el Reino Unido frene las actividades cuestionadas por la Argentina antes de avanzar con nuevas instancias jurídicas internacionales.
El objetivo declarado por Buenos Aires es impedir lo que considera una explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte y evitar nuevas medidas que puedan modificar la situación existente en el área disputada.
Sea Lion dejó de ser solamente un proyecto de exploración. En diciembre de 2025, Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum tomaron la decisión final de inversión para avanzar con la primera fase de desarrollo.
El proyecto contempla una inversión total presupuestada de aproximadamente US$2.100 millones hasta completar la primera fase y apunta inicialmente a recuperar unos 170 millones de barriles.
Las compañías avanzan actualmente con la infraestructura y los preparativos necesarios. Rockhopper informó que la perforación está prevista para comenzar a principios de 2027.
El objetivo es alcanzar el primer petróleo durante el primer trimestre de 2028, según la última actualización difundida por la empresa británica.
Además, el proyecto podría ampliarse considerablemente. Navitas avanzó con la adquisición de una segunda unidad flotante de producción y evalúa acelerar nuevas etapas del desarrollo, que podrían incorporar una capacidad adicional de hasta 125.000 barriles diarios en fases posteriores.
Es precisamente el avance concreto de esas inversiones lo que volvió a colocar la explotación de hidrocarburos en el centro de la disputa diplomática.
Mientras la Argentina sostiene que las actividades son ilegítimas por realizarse unilateralmente en un área cuya soberanía reclama, el Reino Unido defiende la facultad de las autoridades de las islas para otorgar licencias y administrar esos recursos.
