La Corte Suprema rechazó los planteos de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por la obra pública, más conocida como "Vialidad". Es decir, en julio continuará el debate oral y público por ese caso con los alegatos de las partes.
La Corte Suprema rechazó los planteos de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por la obra pública, más conocida como "Vialidad". Es decir, en julio continuará el debate oral y público por ese caso con los alegatos de las partes.
Por unanimidad, los cuatro jueces del máximo tribunal rechazaron una pericia contable solicitada por la defensa de la vicepresidenta Kirchner y un pedido de "cosa juzgada" por entender que los hechos tratados en el proceso oral ya fueron tramitados en otra causa.
Cristina Fernández de Kirchner es juzgada por ser la supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos durante el kirchnerismo, entre ellos el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de las constructoras del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
Según la acusación, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 % del total. Muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.
Cabe recordar que todo se originó con la llegada de Cambiemos al Gobierno. Entre enero y febrero de 2016, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realizó una auditoría de la obra pública licitada en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
En aquel momento, no se analizó si existían sobreprecios en las obras, pero sí se pudo determinar que hubo una “concentración de obras en un único grupo de empresas”, que pertenecían a Austral Construcciones, Del Curto Construcciones, Gotti y Loscalzo, Kank y Costilla y Sucesión de Adelmo Biancalani.
Junto a la expresidenta son juzgados Lázaro Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Los cuatro están detenidos. Además, se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad bajo fianza.
En el caso del empresario Lázaro Báez, ya tiene una condena a 12 años de prisión como autor de lavado de dinero agravado en dos oportunidades: en la expatriación y el reingreso de fondos; y en la compra de la estancia “El Carrizalejo”, en Mendoza.
Hace una semana, la Oficina Anticorrupción (OA) desistió del rol de querellante en la investigación. El escrito de desistimiento fue presentado ante el Tribunal Oral Federal (Tof 2) que encabeza el debate oral y público que está pronto a ingresar en la etapa de alegatos, en julio próximo, según confirmaron fuentes judiciales.
“No habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a VV.EE. que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante”, dice el escrito al que accedió Télam .
En el mismo escrito, el organismo que encabeza Félix Crous citó una resolución del 2020 en la cual la OA anunciaba cuál sería la postura a asumir en relación a la posibilidad de ejercer el rol de querellante en causas penales.