Lorenzetti defendió la decisión de la Corte Suprema de suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23 y restablecer provisoriamente las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti defendió la decisión del máximo tribunal de suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23 y restablecer, de manera cautelar e interina, las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros previstas en la Ley de Tierras.
La medida fue adoptada este viernes en una acordada extraordinaria, con la participación de conjueces para completar cinco integrantes, y en una votación dividida que incluyó la disidencia de Carlos Rosenkrantz. La cautelar regirá hasta que la Justicia de Bariloche resuelva la cuestión de fondo.
“Hace más de 20 años que estoy en la Corte y siempre he tratado de dirigirme a la sociedad y explicar las cuestiones porque creo que debemos ser claros y transparentes”, señaló Lorenzetti al referirse a la decisión y a las interpretaciones que generó.
El magistrado organizó su explicación en torno a tres ejes. “Hay tres aspectos, los hechos, la cuestión ambiental, y el tercero es el debilitamiento de la participación social en el estado democrático y de derecho”, expresó.
El juez detalló que la Corte tenía dos medidas cautelares vinculadas con el caso. Según explicó, la primera fue rechazada por una cuestión de legitimación procesal, ya que la asociación que había presentado el planteo no estaba habilitada para hacerlo en esos términos.
“Nosotros tenemos mucho respecto por los combatientes de Malvinas, como toda la sociedad. Lo que sucede es que hay una asociación cuyo objeto no coincidía o no lo habilitaba como tal para este planteo”, sostuvo.
Lorenzetti indicó que, en los procesos colectivos, los tribunales suelen analizar primero la causa que puede tener incidencia sobre las demás. “Cuando hay procesos colectivos normalmente se arma una fila, se trata el primero porque lo que uno decide ahí incide en los demás. Luego si no va el primero se trata el segundo”, explicó.
En ese sentido, precisó que la Corte resolvió inicialmente el primer planteo y determinó que no existía legitimación procesal. Por ese motivo, correspondía avanzar con la segunda causa, cuyo tratamiento estaba previsto para el acuerdo de la semana siguiente.
“Por eso frente a algunos mal entendidos, nosotros hicimos un comunicado explicando que hay otras causas”, agregó.
Una vez analizado el segundo expediente, los tres ministros coincidieron en que debía devolverse a primera instancia. El magistrado explicó que el juzgado de origen no había tratado esa presentación de manera independiente, sino que la había acumulado a la primera causa. Por eso, ambos expedientes llegaron juntos al máximo tribunal.
Sin embargo, aclaró que hubo diferencias entre los jueces respecto de si correspondía conceder la medida cautelar. “La primera decisión es devolverlos. La segunda decisión, y ahí es donde hubo una diferencia y no lo pudimos resolver enseguida, es porque había una diferencia entre si se concede una medida cautelar o no”, señaló.
“Esos son los hechos. Los tiempos son los que dicta la ley procesal”, dijo sobre el trámite de la causa.
Lorenzetti también defendió su trayectoria en materia ambiental y sostuvo que la intervención judicial en este tipo de cuestiones no debería resultar sorpresiva. “No se puede dudar que en particular en mi persona hace cuarenta años que estoy en el tema ambiental”, afirmó.
En esa línea, remarcó que la firma de una medida cautelar vinculada con la protección ambiental se inscribe en una posición que, según dijo, la Corte mantuvo a lo largo del tiempo.
“Nadie puede sorprenderse porque yo firme una medida cautelar en materia ambiental, tampoco tienen que sorprenderse de que la Corte lo haga porque si nosotros recorremos para atrás, por ejemplo en el 2006 la Corte resolvió introducirse en la protección del agua”, sostuvo.
Lorenzetti también explicó los fundamentos de su postura y la del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en relación con la medida cautelar. “Nosotros hace muchísimos años que tenemos una línea coherente en materia de protección ambiental”, señaló.
Según detalló, ambos consideraron que la falta de tratamiento del expediente en primera instancia había afectado los derechos de una organización ambiental y que el planteo estaba relacionado con la explotación de los recursos naturales.
El magistrado también se refirió a la disidencia de Carlos Rosenkrantz y defendió la coexistencia de distintas interpretaciones dentro del máximo tribunal. “La posición de Rosenkrantz también es legítima porque tiene una opinión más restrictiva. Esto no significa nada, es bueno que haya distintas opiniones en la Corte”, afirmó.
Al abordar el tercer eje de su exposición, Lorenzetti advirtió sobre lo que considera un debilitamiento de la participación ciudadana en las instituciones.
El juez cuestionó además el impacto de las expresiones en plataformas digitales a las que calificó como “humo digital” y advirtió sobre la “incitación a que la gente utilice el escrache digital" y las "expresiones en las redes" porque "son acciones ineficaces porque no producen efectos”, planteó.
“Si la realidad es que este tema es tan importante debería haber muchísimas medidas cautelares y solo teníamos dos”, insistió.
En esa línea, llamó a canalizar los reclamos a través de las instituciones. “Esto preocupa porque hay un debilitamiento en la participación de la sociedad y hay que decirles que no se dejen engañar porque la acción en las redes no tiene eficacia más que expresarse. Hay que expresarse más en acciones judiciales y en el Congreso, que son las instituciones”, afirmó.
Lorenzetti también se refirió a las críticas y opiniones sobre la imagen de la Corte Suprema en las redes sociales: “A mí no me molestan en absoluto las opiniones. Yo trato de fallar siempre de acuerdo a mis convicciones y son las mismas hace treinta años”, dijo.
"Hay una fuerte incitación a que las sociedades actúan en las redes mediante acciones ineficaces, es la política del engaño", aseguró.
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