De todos modos, la medida no es definitiva. El Gobierno nacional, que es parte demandada en la causa, podrá apelar la resolución. Además, el juez le dio un plazo de tres días al Poder Ejecutivo para presentar un informe en respuesta a la demanda.
También está en discusión qué fuero debe intervenir en el expediente, ya que la fiscalía consideró que el caso debería pasar al fuero contencioso administrativo federal.
El conflicto judicial se originó a partir de una presentación de la UEJN, que cuestionó tanto el traspaso de competencias como la eliminación de 30 juzgados laborales que actualmente están vacantes.
Según el sindicato, la medida podría afectar la estabilidad laboral de empleados y funcionarios judiciales que se desempeñan en esos tribunales.
Además, el gremio argumentó que la normativa contradice la llamada Ley Cafiero, que estableció el mecanismo de transferencia de la Justicia nacional a la órbita porteña, pero no contempló la eliminación de juzgados.
Un trasfondo político
La transferencia de la Justicia laboral forma parte de un acuerdo entre el Gobierno nacional y la administración de la Ciudad encabezada por Jorge Macri.
Desde ambos gobiernos sostienen que el objetivo es reordenar el sistema judicial laboral y avanzar con el proceso de transferencia de competencias a la Ciudad.
En su fallo, Mendel consideró que el procedimiento utilizado para avanzar con el acuerdo no respetó el mecanismo previsto por la legislación vigente. También advirtió que, de continuar el proceso, podría incrementarse el cierre de juzgados a medida que se produzcan nuevas vacantes en el fuero laboral.