El juez Rafecas y la fiscal Ochoa ni siquiera fueron consultados por los disturbios. ¿Qué es "atentado y resistencia" a la autoridad? Un abogado denunció a la ministra Patricia Bullrich.
El operativo de seguridad montado contra la protesta y movilización por el veto presidencial al aumento a los jubilados, finalmente convalidado por la Cámara de Diputados, jamás contempló la posibilidad de que interviniera la Justicia Federal ante los disturbios registrados en los alrededores del Congreso.
Las fuerzas de seguridad sólo detuvieron a una persona, quien rápidamente recuperó la libertad aunque quedó imputada por un delito genérico que se aplica en episodios de esta naturaleza: “atentado y resistencia a la autoridad”.
El Código Penal castiga a quien “empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones” con penas de seis meses a dos años “si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas”.
La excarcelación fue dispuesta por la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el único fuero que intervino.
El miércoles último, cuando ocurrieron los disturbios y la represión en los alrededores del Congreso, estaba “de turno” el juez federal Daniel Rafecas, quien subroga el Tribunal de Primera Instancia N°7 por licencia de Sebastián Casanello. La fiscal en turno era Paloma Ochoa. Ninguno de los dos fue consultado.
Lo habitual cuando se produce una detención en la vía pública es que el oficial que interviene realice una consulta con el juzgado de turno.
Eso fue lo que ocurrió con la jueza federal María Servini durante los episodios de violencia en la manifestación contra la Ley Bases. En esa ocasión, la magistrada avaló inicialmente las 33 detenciones y luego excarceló a todos en distintas etapas.
El fiscal Carlos Stornelli había imputado a los detenidos por delitos contra el orden constitucional y terrorismo, calificaciones que fueron descartadas por la jueza.
El miércoles pasado hubo un solo detenido, identificado como Facundo Florios. El arresto se produjo a las 16.30 en avenida Callao al 200. Según el parte policial, “estaba arrojando piedras a la policía y prendió fuego un contenedor de basura”.
Nada de eso está, al menos por ahora, probado. Florios ya recuperó la libertad, no tiene antecedentes penales y se le impuso como medida restrictiva la de “fijar residencia”.
Las fuerzas de seguridad hicieron consultas con la Fiscalía de CABA por otros casos, pero fuentes judiciales precisaron que “no se encontró delito y por eso no se los detuvo”.
Hubo un caso en el que un hombre fue denunciado porque presuntamente tenía un cuchillo, pero al requisarlo no se le encontró nada y no fue aprehendido.
Sin detenidos adicionales, surgió como contrapartida una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el accionar de los efectivos policiales y de otras fuerzas.
El abogado Gregorio Dalbón, defensor del expresidente Alberto Fernández y de su vice, Cristina Fernández de Kirchner, denunció a Bullrich a raíz de las imágenes que muestran a un efectivo de la Policía Federal arrojándole gas corrosivo (comúnmente llamado “gas pimienta”) a una niña de diez años de edad, quien estaba acompañada por su madre en la marcha. Dalbón será, además, abogado de la niña afectada.
La denuncia le imputa a Bullrich “atentado y resistencia a la autoridad”, el mismo delito que pesa –por ahora– sobre el único detenido por los disturbios.
