A casi un mes de asumir el gobierno, en medio de una crisis económica agravada por la recesión, la inflación, con los consecuentes aumentos de la desocupación y la pobreza, Alberto Fernández transitó este período como presidente con algunas marchas atrás forzadas y medidas demoradas; tratando de hacer equilibrio entre los superpoderes que le delegó el Congreso y la búsqueda de consensos para aplicar las medidas de congelamiento y fuerte control estatal con las que intenta reactivar la economía.
Los pasillos de la Casa Rosada reflejan el cambio de ritmo que el Presidente le imprimió al nuevo gobierno, acaparando el centro de la escena y la toma de decisiones, ante la necesidad de demostrar que "no hay doble comando" con su vicepresidenta y mentora, Cristina Kirchner; y que es él quien gobierna, aunque todas las medidas -admiten en el círculo íntimo- son consensuadas con Cristina.
Así, mitad presidente, mitad jefe de Gabinete, Fernández fue anunciando a cuentagotas las medidas que forman el eje central del plan de reactivación, antes de cerrar las renegociaciones de la deuda pública con el FMI y los bonistas privados.
¿Podrá evitar el default? Es el próximo gran desafío pendiente.
Pese a la ansiedad de la sociedad por conocer apenas asumió el 10 de diciembre las medidas de reactivación, el Presidente comenzó jugando con el efecto "sorpresa", demorando algunas medidas y anunciando otras por decreto en ediciones especiales inéditas del Boletín Oficial: viernes, sábado o domingo por la noche. Por eso, recibió algunas críticas y dudas sobre si realmente tenía un plan económico antes de asumir.
La primera semana de gestión, un viernes a la noche, a fines de diciembre, publicó en el Boletín el decreto que el campo denunció como un tarifazo, al descongelar las retenciones a las exportaciones que la era Macri mantuvo con un tope de $4 por dólar. Ahora pasaron a porcentajes valor dólar.
Paralelamente, confirmó la continuidad del cepo cambiario que le había dejado Macri con el ancla en la divisa estadounidense puesta en los $63. Sin embargo, utilizó la aprobación de los superpoderes en el Congreso para solapar la ampliación del cepo: instauró el "impuesto solidario" del 30% a la compra de dólares, en lo que significó una nueva devaluación encubierta con la que, a su vez, busca cumplir el objetivo de desdolarizar la economía.
Sentadas esas primeras bases de políticas de control del Estado sobre el mercado, un modelo diametralmente opuesto al de Macri, durante la primer semana de gestión tuvo que dar la primer marcha atrás y revisar la aplicación de las retenciones ante la amenaza de sectores del campo de hacerle un tractorazo.
Para evitar revivir la confrontación del gobierno cristinista con el campo de 2008, cuando él era jefe de Gabinete, Alberto esta vez le ordenó a Luis Basterra, su ministro de Agricultura, en medio del debate parlamentario por los superpoderes, sentarse a consensuar con las entidades del agro la moderación del impuesto para los pequeños y medianos productores.
Algo similar le pasó con el anunciado y demorado aumento de sueldo a trabajadores en relación de dependencia privados y estatales. Si bien se ejecutó por decreto, fue negociado hasta último momento con las cámaras empresarias y gremios a través del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Pero el propio Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tuvieron que salir a reclamarles a todos los sectores que se involucren en el acuerdo de las medidas para no quedar como el gobierno que impone todas las condiciones. Al final, el bono fue menor al esperado: $4000 bruto en dos cuotas.
En esa misma línea, anunció el congelamiento del precio de las naftas, de las tarifas de servicios públicos y transporte. E invitó a gobernadores e intendentes a hacerse cargo de subsidiar sus propias tarifas para "la gente, no para las empresas".
En conferencia de prensa en Casa Rosada, Meoni y Cafiero anunciaron que en los próximos 120 días trabajarán en "una revisión integral de la política de subsidios" del Estado a todos los servicios públicos. Así, definieron como objetivo utilizar esos recursos para "aliviar el bolsillo" de los usuarios en el marco del plan de reactivación económica.
Esto también fue presentado como otra pata del modelo, opuesta a la anterior política económica de Macri que -dicen ahora en la Casa de gobierno- "subsidiaba a los empresarios".
Otro congelamiento: suspendió el mecanismo de movilidad jubilatoria aprobado en la gestión anterior con aumentos de acuerdo a la inflación -de haber continuado, este año hubieran correspondido subas del 55%-. A partir de esta decisión, el Presidente logró aplicar aumentos a jubilados por decreto, aunque prometió mantener el concepto de actualización por inflación, mientras que en los próximos seis meses debatirá con la oposición un nuevo mecanismo de movilidad.
Pero el escándalo por la falta de ajuste en la política llevó a Alberto a ceder una vez más, en medio de la discusión de la mega ley de emergencia, y accedió ante el reclamo periodístico y de la oposición a revisar las llamadas jubilaciones de privilegio de jueces, legisladores y funcionarios que cobran por encima de los 300.000 pesos frente a los 14.000 de la mínima de quien aportó toda su vida.
Así, en la búsqueda de construir poder propio, intentando alejarse del fantasma del doble comando con Cristina -a quien el propio Fernández admitió como dueña de buena parte de los votos que lo llevaron a la Casa Rosada-, Alberto termina de poner en marcha su plan de transición para los primeros 6 meses.
