A través de un reciente decreto, Javier Milei ha impuesto importantes modificaciones en el Programa Acompañar, afectando a miles de beneficiarios.
A través de un reciente decreto, Javier Milei ha impuesto importantes modificaciones en el Programa Acompañar, afectando a miles de beneficiarios. Este programa, diseñado para brindar apoyo económico a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género, ha sido reformado, y muchos de sus beneficiarios sentirán el impacto de estos cambios a partir de septiembre.
El Programa Acompañar tiene como fin central fortalecer la independencia económica de las personas en situación de vulnerabilidad por violencia de género. Hasta ahora, esta ayuda se ha brindado en forma de un subsidio mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), pagado por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
Con la llegada de Milei al poder y la publicación del Decreto N° 755/2024 en el Boletín Oficial, el Programa Acompañar ha experimentado cambios sustanciales. Uno de los más importantes es la reducción del período durante el cual se otorga la ayuda económica: antes se entregaba durante 6 meses consecutivos, pero a partir de septiembre, este plazo se reducirá a solo 3 meses.
El Programa Acompañar fue creado para apoyar a mujeres y personas LGBTI+ que sufren violencia de género, promoviendo su autonomía económica. El objetivo principal es que puedan iniciar una vida independiente y libre de violencia, otorgándoles una ayuda económica destinada a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida propio. Además del subsidio financiero, el programa también incluye acompañamiento psicológico y social, brindando apoyo integral a quienes se encuentran en riesgo.
La ayuda económica consiste en el pago mensual de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que les permite a las personas beneficiarias cubrir necesidades básicas mientras se recuperan de situaciones de violencia. Sin embargo, con las nuevas modificaciones implementadas por el Gobierno, esta estructura de apoyo se ha visto drásticamente alterada.
Además de reducir la duración del subsidio, el Decreto N° 755/2024 establece dos nuevos requisitos que los beneficiarios deberán cumplir para recibir la ayuda. Estos requisitos son:
Acreditación de la situación de riesgo: Para acceder al programa, se deberá presentar un informe social que acredite la situación de violencia de género. Este informe deberá ser emitido por un dispositivo de atención oficial de violencia local o provincial.
Denuncia judicial o policial: Los beneficiarios tendrán que demostrar que han presentado una denuncia judicial o policial por violencia de género. Este requisito impone una nueva barrera para muchas personas que, por diversas razones, pueden tener dificultades para realizar este tipo de denuncias.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil, que determina el monto de la ayuda económica, ha sufrido incrementos en los últimos meses. En septiembre de 2024, el SMVM asciende a $268.056,50, mientras que en octubre se espera que sea de $271.571,22. Sin embargo, aunque el monto se actualiza, la reducción del período de pago de 6 a 3 meses representa una pérdida significativa para los beneficiarios.
Esta reducción en la duración de la ayuda económica tiene un impacto directo en la capacidad de las personas para lograr la independencia económica. Anteriormente, el plazo de 6 meses les daba un respiro temporal que les permitía recuperarse y planificar un futuro sin violencia. Ahora, con solo 3 meses de apoyo, es probable que muchos beneficiarios enfrenten mayores dificultades para estabilizarse y lograr una vida autónoma.
Antes de los recientes cambios, los requisitos para acceder al Programa Acompañar incluían:
Además, quienes accedían a esta ayuda no podían estar inscriptos en otros programas de asistencia económica, como Potenciar Trabajo. Con los cambios introducidos, estos requisitos se han endurecido, haciendo más difícil para algunas personas acceder a la ayuda.
El futuro del Programa Acompañar sigue siendo incierto. Si bien las nuevas medidas ya están en vigor, es posible que se introduzcan más ajustes a medida que el Gobierno de Milei avance en su política de revisión y reestructuración de programas sociales. La reducción en la duración de la ayuda económica y la imposición de nuevos requisitos reflejan un enfoque más restrictivo en el acceso a estos beneficios.
La implementación de estos cambios ha generado preocupación en organizaciones que trabajan con víctimas de violencia de género, ya que muchas de ellas dependen de esta ayuda para salir de situaciones de vulnerabilidad. La exigencia de una denuncia judicial o policial, en particular, ha sido criticada por expertos, quienes señalan que no todas las personas en situación de violencia pueden o desean denunciar formalmente a sus agresores, ya sea por miedo a represalias o por falta de confianza en el sistema judicial.
