La Unión Tranviarios Automotor señaló que algunas compañías plantearon fraccionar los haberes de noviembre y remarcó que la situación se agravó por la ausencia de respuestas oficiales.
La UTA advierte por un paro convocado para la semana que viene, si se mantiene el conflicto gremial con las cámaras empresariales por el pago de salarios. (Foto: archivo).
En medio del clima de fricción entre el Gobierno, las empresas de transporte y los gremios por el esquema de subsidios y las últimas subas de tarifas, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) definió cuándo aplicará una medida de fuerza si no se cumplen las obligaciones salariales. El sindicato adelantó que habrá paro el cuarto día hábil de diciembre en aquellas líneas que no paguen sueldos y aguinaldos de manera completa.
Desde la conducción gremial explicaron que la advertencia responde a la intención de un sector empresario de fraccionar los pagos correspondientes a noviembre. Mario Caligari, secretario de Prensa de la UTA, señaló en declaraciones a Splendid AM 990 que el sindicato se mantiene “en estado de alerta” frente a la decisión de las compañías de abonar en partes. Según dijo, el criterio es que “en cada empresa, que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar”.
Caligari remarcó que la discusión entre las empresas y el Estado por la falta de subsidios no involucra a los trabajadores y defendió la postura de exigir el pago íntegro. A su criterio, los choferes “necesitan recibir el salario en tiempo y en forma, como corresponde y como está establecido”. Según explicó, las quejas de los empresarios sobre la falta de subsidios del Gobierno “no tienen nada que ver” con los trabajadores, al tratarse de una negociación exclusiva entre las empresas y el Estado.
Roberto Fernández, secretario general del gremio, responsabilizó al Poder Ejecutivo por las eventuales consecuencias del conflicto. A través de una carta, acusó al Estado nacional de tener la obligación de garantizar los fondos necesarios para que las empresas cumplan los compromisos laborales. Allí se advierte: “El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de las Cámaras Empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo”.
El intercambio subió de tono luego de que las cámaras del sector comunicaran a los secretarios de Transporte, Luis Pierrini, y de Trabajo, Julio Cordero, que atraviesan una “gravísima coyuntura económica, financiera y operativa”. En el mensaje aseguran que la situación los deja sin margen para cumplir con el pago total de haberes y aguinaldos. Entre los factores que mencionan figuran las demoras en la llegada de subsidios y el aumento sostenido en rubros como combustible, repuestos, mantenimiento, seguros y cargas sociales.
En ese contexto, el empresariado aplicó como medida transitoria el pago de los salarios de noviembre en dos tramos y el aguinaldo en seis cuotas. La decisión abarca a las líneas nacionales que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La discusión salarial se da mientras las tarifas del transporte acumulan un incremento del 912% desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, lo que convierte al colectivo en el servicio público con mayor suba en la región más poblada del país. El anuncio de pagos desdoblados llega incluso después del último ajuste del 9,71%, vigente desde este lunes en más de cien líneas.
Las compañías sostienen que los aumentos no fortalecen su flujo de ingresos. Argumentan que cada corrección tarifaria reduce el nivel de subsidios estatales, pero carga más costos sobre los usuarios sin mejorar la ecuación económica interna. La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) insistió en que ni los incrementos ni el rediseño del esquema de subsidios lograron recomponer la situación financiera del sector ni mejorar la calidad del servicio. La entidad describe un desfasaje persistente entre los costos reales y lo que se reconoce como tarifa técnica, lo que mantiene un sistema con boletos más caros pero sin mejoras estructurales.
Los cálculos de la cámara ubican el valor del pasaje sin subsidio en $1.713, mientras que la tarifa técnica vigente asciende a $1.092. A esto se suma el envejecimiento de la flota: la edad promedio de los colectivos se ubica en 7,7 años y cerca del 30% supera la década de uso. Las empresas atribuyen esa degradación al atraso tarifario y de subsidios acumulado desde 2016. Solo la Ciudad de Buenos Aires implementó un esquema propio para impulsar la renovación de unidades.
En el Ejecutivo, por ahora, no hubo respuestas directas a los planteos de las cámaras ni a la advertencia gremial. Desde Transporte recordaron que continúan vigentes la Tarifa Social Federal y la RED SUBE para las líneas nacionales y las que operan en CABA, mientras que la provincia de Buenos Aires dejó de aplicar el beneficio.
El conflicto se instala en el mismo momento en que la UTA mantiene abierta su negociación paritaria y cuando diciembre se acerca con la posibilidad concreta de una medida de fuerza que afectaría el funcionamiento del transporte público en los primeros días del mes.
El uso del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires continúa en retroceso y, según estimaciones sectoriales, la caída alcanza el 22% en la Ciudad y el Conurbano.
Desde el sector empresario describen un escenario marcado por dos elementos que se combinan: el impacto del valor del boleto y el peso de la inseguridad. Marcelo Pasciuto, referente del rubro y directivo de DOTA, sostuvo el 29 de septiembre pasado que el incremento en la tarifa llevó a muchos usuarios a migrar hacia alternativas de menor costo, como la bicicleta o los desplazamientos a pie, mientras que el temor a hechos delictivos funciona como un fuerte condicionante, especialmente en los horarios nocturnos.
En ese sentido, el empresario explicó en Radio Rivadavia que "bajó la cantidad de usuarios, también hay que tener en cuenta la inseguridad, el transporte colectivo, sobre todo en el Conurbano, después de las 21 horas casi es nulo". Según detalló, la situación cambia incluso la forma en que los pasajeros organizan sus viajes cotidianos.
Pasciuto señaló que, frente al riesgo, muchos optan por recurrir a aplicaciones de transporte antes que esperar un colectivo. De hecho, marcó que los hábitos de los jóvenes ya exhiben ese giro: "Cualquier adolescente junta un par de amiguitos, si contrata un Uber" en lugar de utilizar el servicio tradicional.
Para el empresario, el problema de fondo está directamente asociado a la sensación de vulnerabilidad que experimentan quienes deben esperar un ómnibus en determinadas zonas del Conurbano. Por último, advirtió que “la inseguridad es uno de los más grandes problemas en el Conurbano. O sea, vos te parás en una ruta a esperar un colectivo con miedo”, una situación que, según describió, desalienta el uso del transporte público y alimenta la caída sostenida de pasajeros.
