La medida, según la IGJ, busca garantizar ‘transparencia y legalidad’ en la Asociación del Fútbol Argentino.
La Inspección General de Justicia solicitó que se designe veedores tras denunciar ‘graves irregularidades’ en la AFA
En un nuevo capítulo de la tensión entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, la Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó formalmente al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores institucionales tras haber detectado lo que calificaron como "graves irregularidades" en el manejo de la entidad.
Esta decisión, formalizada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, según se informó, surge ante la negativa de la entidad de remitir información contable y financiera que había sido requerida previamente por el organismo de control.
Según la resolución oficial, los representantes designados tendrán la tarea de “obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada”, además de investigar si han existido “otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos” de la propia institución.
La auditoría propuesta es exhaustiva y abarca desde la revisión detallada de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025 hasta el análisis del cumplimiento de las obligaciones impositivas, previsionales y contributivas de la AFA.
Asimismo, el foco institucional se ha puesto sobre el proyecto de la Universidad de la AFA (UNAFA), donde se busca rastrear la trazabilidad de los fondos destinados a su equipamiento, la adquisición de bienes y la contratación de sus autoridades.
Paralelamente, los veedores deberán auditar e informar sobre los montos percibidos por la firma TourProdEnter LLC en su carácter de “comercializador de derechos de la AFA”, analizando las rendiciones de cuentas, las remesas internacionales y los fondos ingresados al país para reconstruir el flujo financiero completo de estos acuerdos.
En este contexto, Vítolo enfatizó que la medida “no implica sanción ni prejuzgamiento alguno” ni es una “interferencia” en el manejo y administración de la AFA, sino que responde al ejercicio regular de las funciones de fiscalización.
El funcionario remarcó que “en la nueva Argentina del presidente Javier Milei no hay privilegios” y que todas las asociaciones civiles deben acatar sus obligaciones, sentenciando que “nadie está por encima de la Ley”.
Este endurecimiento de la supervisión ocurre luego de que la IGJ detectara una “sede social falsa” en un intento de la AFA por mudar su domicilio a la provincia de Buenos Aires.
Al respecto, el organismo afirmó que “la realidad es la única verdad” y que la asociación mantiene hoy su sede legal en la calle Viamonte.