El juez Diego Amarante lo había citado en el marco de la investigación por la presunta retención indebida de aportes a la seguridad social. El presidente de la AFA deberá presentarse este jueves 5 de marzo.
La Justicia rechazó el planteo de Claudio "Chiqui" Tapia y confirmó su indagatoria.
La Justicia desestimó el pedido presentado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y ratificó el llamado a indagatoria en la causa que investiga una presunta evasión superior a los $19.000 millones. El dirigente deberá declarar como imputado el próximo jueves 5 de marzo.
La resolución fue firmada por el juez Diego Amarante, quien rechazó los argumentos de la defensa de Tapia, que había sostenido ante la Cámara que no existió delito y que la deuda reclamada ya fue cancelada. Pese a esa presentación, el magistrado confirmó la convocatoria en el marco de la investigación iniciada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La causa apunta a una supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones. Además de Tapia, también está imputado el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, cuya indagatoria fue postergada.
Según la denuncia de ARCA, se detectaron retenciones impositivas y aportes previsionales que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
El monto inicial investigado era de $7.593.903.512,23, pero luego se agregaron otros $11.759.643.331,62, lo que elevó la cifra total a más de $19.300 millones.
Desde el organismo recaudador señalaron que los fondos retenidos “no constituyen recursos propios del contribuyente”, sino dinero que pertenece al Estado desde el momento de la retención, por lo que su falta de ingreso podría encuadrar en el delito de omisión de un agente de retención. Esta figura contempla penas de entre dos y seis años de prisión cuando el monto no ingresado supera los $100.000 mensuales.
En su resolución, el juez Amarante también dispuso la prohibición de salida del país para los imputados. Sin embargo, días atrás Tapia solicitó autorización para viajar al exterior durante tres días con el objetivo de asistir a un partido de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Brasil y a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol.
El magistrado autorizó el viaje, pero fijó una caución real de 5 millones de pesos como garantía para suspender temporalmente la restricción.
Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la AFA. Según ese documento, en diciembre de 2024 la entidad registró acreditaciones por más de $45.072 millones, mientras que durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en ambos años se constituyeron varios plazos fijos en pesos y dólares.
Entre las pruebas incorporadas también figuran informes bancarios sobre acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.
Otro elemento clave fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la entidad. La funcionaria explicó que las tres autoridades principales, presidente, secretario y tesorero, son quienes firman los estados contables.
Asimismo, detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, los vencimientos son informados por correo electrónico. “Después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.
La defensa de Tapia insiste en que no hubo delito y que la deuda fue cancelada, por lo que solicitó la nulidad del llamado a indagatoria. Sin embargo, el juez Amarante rechazó el planteo y confirmó que el presidente de la AFA deberá presentarse a declarar como imputado en los próximos días.
La investigación continúa y el foco judicial está puesto en determinar si existió una maniobra deliberada en la administración de los fondos retenidos o si se trató de una situación regularizada fuera de término.