La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender el inicio o la continuidad de las obras vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, situado en las Islas Malvinas, y puso el foco también en el financiamiento y el estado actual del emprendimiento.
La jueza federal Mariel Borruto ordenó suspender las obras vinculadas al emprendimiento y reclamó detalles sobre su avance, financiamiento y estudios ambientales.
La jueza federal Mariel Borruto ordenó suspender las obras vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. (Foto: archivo).
La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender el inicio o la continuidad de las obras vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, situado en las Islas Malvinas, y puso el foco también en el financiamiento y el estado actual del emprendimiento.
La decisión fue tomada por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una demanda cautelar contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited. La medida alcanza a las perforaciones, instalaciones submarinas y trabajos relacionados con el inicio de la explotación.
“Como tutela cautelar, las actoras solicitan que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras; se impidan determinados actos financieros destinados a posibilitar su ejecución; se comunique la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores; y se requiera a las demandadas la individualización de las entidades financieras, aseguradoras y demás sujetos vinculados con el financiamiento del emprendimiento”, señaló el fallo.
La resolución también establece que las compañías deberán presentar, dentro de los diez días desde la notificación, una declaración jurada acompañada por documentación que permita conocer el estado actual de Sea Lion.
Las firmas tendrán que presentar información sobre el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación, además de precisar la cantidad, ubicación y situación de los pozos.
También deberán informar qué unidades flotantes y equipos de perforación fueron contratados y quiénes son los principales contratistas y subcontratistas involucrados en el emprendimiento.
Otro de los puntos requeridos por la Justicia está relacionado con la estructura societaria del proyecto y su financiamiento. En ese sentido, deberán identificar a las entidades financieras y fondos que participaron, detallar los desembolsos realizados, comprometidos o pendientes y precisar cuáles son las aseguradoras y reaseguradoras vinculadas.
La documentación deberá incluir además los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia elaborados en relación con el proyecto.
A su vez, las empresas tendrán que informar cuáles son las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas para brindar apoyo al emprendimiento, así como cualquier ampliación o incorporación de pozos prevista.
La medida también contempla el aspecto financiero del proyecto. “Las actoras solicitan también que se prohíba a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto”, señaló la jueza.
Borruto aclaró que la resolución tiene carácter provisional y que no define todavía la cuestión de fondo.
Según explicó la magistrada, la decisión “reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal”.
De esta manera, la Justicia dispuso la suspensión de las obras alcanzadas por la medida mientras avanza el proceso y requirió a las empresas información detallada sobre el desarrollo, el financiamiento y los aspectos ambientales de Sea Lion.
