Lo hizo Mario Oyarzábal, embajador argentino en Países Bajos, en la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma. “La situación exige una atención inmediata”, indicó.
Tensión en la embajada de Argentina en Venezuela. (Foto: archivo)
En medio de la tensión en la sede de la embajada de Argentina en Venezuela, que custodia Brasil y que alberga a opositores al mandato de Nicolás Maduro, el Gobierno denunció este martes ante la Corte Penal Internacional (CPI) el asedio al edificio diplomático en Caracas. Por lo tanto, se pidió “determinación” para actuar ante los “crímenes de lesa humanidad” cometidos en el país caribeño.
El embajador argentino en los Países Bajos, Mario Javier Oyarzábal, dijo durante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma que se celebra en La Haya que: “La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía”.
El diplomático planteó que “tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más”. Además, agregó: “Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada”.
“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”, sumó.
A su vez, Oyarzábal agregó: “Nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentra en peligro. Actualmente la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados”.
El diplomático exhortó a la CPI “a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la Justicia”. “La impunidad no solo perpetua el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”, cerró.
La embajada permanece desde agosto bajo la protección de Brasil, tras la expulsión de los diplomáticos argentinos, aun cuando el gobierno de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre. El motivo es la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede diplomática argentina por parte de los seis venezolanos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado.
Machado aseguró que Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos y el exministro Fernando Martínez Mottola “permanecen aislados, sin agua, sin luz y rodeados por fuerzas del régimen que intensifican el acoso”.
