En la Puerta del Sol, lugar céntrico de la capital de España, hay un acampe de vecinos con un reclamo concreto por su situación personal. El tema es tan grave que llegó hasta oídos del Papa, quien hizo un comentario que moviliza aún más a los españoles.
Maricarmen, la jubilada que es el caso testigo en España por los inquilinos. (Foto: A24.com)
“¿Cuál es el problema en el sistema que permite que una anciana sea echada de su casa?”, la frase es del Papa León XIV a propósito de la situación en España con quienes tienen problemas para pagar los alquileres de su vivienda. El ejemplo paradigmático es el de Maricarmen, una mujer jubilada que llamó la atención como caso testigo de los que no pueden pagar por el lugar en el que viven.
Maricarmen Abascal tiene 87 años y durante siete décadas vivió en el mismo departamento del barrio de Retiro, en Madrid. El 23 de septiembre fue desalojada por orden judicial después de no poder afrontar el aumento del alquiler que le exigía la empresa que había comprado su vivienda. Ahora, tras una ola de protestas que recorrió España, se acordó que podrá regresar a su casa. El acuerdo todavía debe ser ratificado por la propia jubilada.
El caso de Maricarmen se convirtió en un símbolo de la crisis habitacional que atraviesa España. Por lo insólito de los montos que se dispararon por las pretensiones de los nuevos duelos. Durante años pagó 500 euros mensuales gracias a un antiguo contrato de alquiler. Pero después de que la empresa Urbagestión adquiriera el departamento en 2018, el alquiler fue elevado a 1.650 euros, más del triple. Peor aún, la cifra superaba incluso su pensión, de unos 1.300 euros mensuales. La compañía intentó desalojarla en tres oportunidades y finalmente consiguió hacerlo en el cuarto intento.
El desalojo provocó una fuerte reacción social. Decenas de miles de personas marcharon el sábado en distintas ciudades españolas para respaldar a Maricarmen y reclamar medidas frente al aumento de los alquileres. En Madrid, varios centenares de manifestantes permanecieron acampados en la Puerta del Sol.
El Gobierno del presidente español Pedro Sánchez enfrenta ahora el desafío de avanzar con nuevas medidas sobre vivienda, entre ellas mayor protección frente a los desalojos, regulación de los alquileres temporarios y límites a determinadas operaciones especulativas.
Así, la historia de una jubilada que perdió su casa después de 70 años terminó convirtiéndose en el epicentro de un debate mucho más amplio: cuánto cuesta vivir en las grandes ciudades españolas y qué protección tienen quienes ya no pueden afrontar el precio de una vivienda.
Ahora, su caso aparece solucionado y abre una puerta para las extensas y complejas reuniones que se dan en la sociedad española ante el problema - un tema global - de poder acceder a una vivienda y mantenerla. Aunque ya no se habla de ser propietario sino simplemente, poder pagar un alquiler mensualmente.
La palabra "desahuciado" tiene varias acepciones. Nosotros lo utilizamos principalmente como " Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea". Pero en España, el término se aplica especialmente para quienes sufren la acción de "despedir al inquilino o arrendatario mediante una acción legal".
Son "desahuciados" porque por no poder afrontar el pago de un alquiler, son echados de las viviendas que ocupan. En España, este fenómeno se multiplicó en los últimos años por la crisis económica, sueldos que se estancan y el impacto de dedicar cada vez más viviendas para el alquiler temporario breves - turistas especialmente - antes que ubicarlas en el mercado de alquileres permanentes.
Pero las actualizaciones por inflación al vencerse los contratos elevaron los montos a niveles inaceptables. El caso de Maricarmen fue la "bandera de los inquilinos".
Maricarmen Abascal (87 años) y durante 71 años vivió en el mismo departamento de Madrid. El 23 de septiembre fue desalojada después de un operativo policial que terminó con la mujer trasladada en camilla y atendida en un hospital. La imagen de la jubilada abandonando la vivienda en la que pasó prácticamente toda su vida generó una fuerte reacción social y convirtió su caso en el nuevo símbolo del debate por el acceso a la vivienda en España.
El episodio rápidamente dejó de ser solamente un conflicto entre una inquilina y el propietario del inmueble. La situación ingresó de lleno en la discusión política española, apenas una semana después de que el Congreso rechazara una iniciativa impulsada por Sumar - un aliado irregular del Gobierno - contra los grandes fondos de inversión inmobiliaria. La propuesta no consiguió avanzar tras los votos negativos de PP, Vox y Junts y la abstención del PSOE.
El Gobierno de Pedro Sánchez quedó bajo presión después del desalojo. El presidente aseguró que no descartaba aprobar de manera urgente un nuevo Real Decreto-ley de Vivienda con medidas destinadas a evitar determinados desahucios. Sin embargo, para que la iniciativa pueda avanzar necesitará conseguir los apoyos suficientes en el Congreso, con Junts como uno de los actores clave en la negociación.
Mientras tanto, el caso abrió un cruce de acusaciones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Desde el Ejecutivo cuestionaron la actuación de las autoridades madrileñas, mientras que el Partido Popular responsabilizó al Gobierno nacional por la falta de una legislación que impida situaciones como la de Maricarmen.
La controversia llegó incluso hasta Naciones Unidas. Koldo Casla, relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, cuestionó que se haya ejecutado el desalojo y sostuvo que España quedó comprometida frente a sus obligaciones internacionales.
Según Casla, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había dispuesto medidas cautelares para suspender temporalmente el desalojo mientras analizaba el caso. El relator sostuvo que esas medidas fueron vulneradas y calificó las consecuencias como un “daño irreparable”.
El caso de Maricarmen también provocó críticas de Amnistía Internacional y una amplia cobertura de medios internacionales. Así, lo ocurrido con una jubilada de 87 años terminó transformándose en una discusión mucho mayor sobre el derecho a la vivienda, los grandes propietarios inmobiliarios y los límites de las políticas de desalojo en España.
Hasta el Papa se involucró con una definición que no deja dudas. Si una mujer de 87 años, se queda sin su vivienda luego de 7 décadas, algo no está bien.
