Una jubilada de 80 años fue hallada sin vida en un camino rural. La investigación reveló indicios que apuntan a un allegado cercano, quien habría aprovechado la relación de confianza para cometer un delito que conmocionó a toda la provincia.
El plan macabro de un hombre para deshacerse de una abuela y cobrar su pensión.
Estanislada Benedicta Rodríguez tenía 80 años. Había confiado su bienestar y su economía a un hombre que, lejos de protegerla, la dejó morir sola y atada con frazadas a un costado de una ruta bonaerense. Su cuerpo fue hallado días después, en avanzado estado de descomposición, y el principal sospechoso -su apoderado- cayó cuando intentó cobrar su pensión.
El caso, ocurrido en General Belgrano, conmocionó a toda la provincia de Buenos Aires por la mezcla de frialdad, abandono y traición que rodea la historia. La investigación reveló que la mujer aún estaba con vida cuando fue abandonada, y que su muerte fue producto directo del desamparo.
El 20 de agosto, un vecino que transitaba por la Ruta Provincial N°29, a la altura del kilómetro 116,5, se detuvo al notar un bulto a un costado del camino. Al acercarse, vio algo que nunca olvidaría: un cuerpo envuelto en varias frazadas, sin documentos ni señales de violencia visible.
La Policía Bonaerense y la DDI de Dolores se hicieron presentes de inmediato. El área fue acordonada, y comenzó un trabajo forense minucioso. “No sabíamos quién era. No había nada a su alrededor, ni un bolso, ni una prenda que diera pistas”, relataron fuentes del caso.
Las primeras pericias no arrojaron heridas externas. No había golpes, ni marcas de defensa, ni rastros de arrastre. Sin embargo, los forenses detectaron algo inquietante: la mujer había sido envuelta cuidadosamente con frazadas, y presentaba signos compatibles con hipotermia y deshidratación severa. Es decir, había agonizado sola, aún con vida.
Pocos días después, los investigadores lograron identificarla como Estanislada Benedicta Rodríguez, vecina de Glew, partido de Almirante Brown, al sur del conurbano bonaerense.
Era una mujer de vida sencilla, que había trabajado toda su vida en tareas domésticas. Vivía sola y dependía económicamente de su pensión.
Por razones de edad y movilidad, había designado como apoderado de sus cobros previsionales a un hombre de su confianza, C.E.O., de 53 años, quien -según testimonios- solía acompañarla al banco y realizar trámites por ella. Nadie sospechaba que ese vínculo sería su condena.
Cuando los peritos comenzaron a cruzar datos, aparecieron las primeras señales del horror. El teléfono celular de Estanislada había dejado de emitir señal el mismo día de su desaparición. En cambio, el celular de su apoderado fue registrado por antenas cercanas al kilómetro 116,5 de la Ruta 29, exactamente donde se halló el cuerpo.
A eso se sumó un dato determinante: días después de la muerte, se registraron extracciones de dinero de la cuenta de la jubilada. El retiro había sido realizado por el mismo hombre que figuraba como apoderado. Fue la pista que terminó de atar el rompecabezas del crimen.
Las cámaras de seguridad de la zona confirmaron que el sospechoso viajó desde Glew hasta General Belgrano los días 19 y 20 de agosto, en un Renault 19 color bordó. Las fechas coincidían con el momento en que los médicos estimaron la muerte de Estanislada.
Las imágenes lo muestran conduciendo solo, sin equipaje visible. No hay registro de regreso inmediato. Los investigadores creen que tras abandonar a la mujer, permaneció algunas horas en la zona rural antes de volver a su casa, en un intento por evitar dejar rastros.
La autopsia posterior fue concluyente: Estanislada aún respiraba cuando fue abandonada. Su muerte fue provocada por “falla multiorgánica derivada de exposición ambiental y falta de auxilio médico”. En términos legales, un caso de abandono agravado que derivó en la muerte.
El desenlace llegó con un detalle casi irónico. Mientras la investigación avanzaba en silencio, el sospechoso se presentó en el banco para cobrar la pensión de la víctima. Allí fue detectado por personal de la entidad, que ya había sido alertado por la policía.
En cuestión de horas, la DDI Dolores ejecutó dos allanamientos simultáneos en domicilios de Glew vinculados al acusado. En uno de ellos fue finalmente detenido. En el operativo se secuestraron dos teléfonos celulares y el vehículo Renault 19, el mismo que había sido captado por las cámaras de seguridad.
El hombre fue identificado como C.E.O., de 53 años, y quedó imputado por abandono de persona agravado por el resultado muerte. Según fuentes judiciales, no mostró arrepentimiento ni sorpresa al momento de su detención.
La noticia del crimen sacudió a la comunidad de Glew. Vecinos que conocían a Estanislada no podían creerlo. “Era una mujer tranquila, se la veía todos los días caminando despacito con su bolsita del almacén. Nunca hacía daño a nadie”, contó una comerciante del barrio.
Otro vecino agregó: “Confiaba en ese hombre. Lo veía entrar y salir de su casa. Pensábamos que la ayudaba, no que la iba a entregar a la muerte”.
Para los investigadores, la motivación económica es clara. “El imputado sabía que si la mujer moría, no podría cobrar más su pensión, por eso la mantuvo viva hasta llevarla lejos. Pero el plan se desmoronó cuando intentó seguir cobrando después del hallazgo del cuerpo”, explicaron desde la Fiscalía de Dolores.
El caso fue reconstruido gracias al trabajo conjunto de la DDI Dolores, la Policía Científica y la fiscalía interviniente. Se cruzaron datos de telefonía, cámaras, movimientos bancarios y testimonios. “No había violencia directa, pero sí una violencia moral y humana enorme: dejar morir a alguien indefenso, sabiendo que no podría moverse ni pedir ayuda”, destacó una fuente cercana a la causa.
Los investigadores no descartan que el acusado haya realizado movimientos similares con otros adultos mayores. Analizan si figura como apoderado en otras pensiones o jubilaciones.
“El abandono fue el arma homicida. No necesitó golpearla ni dispararle. Solo dejarla a su suerte, sabiendo que no sobreviviría. Ese es el grado de perversidad que impresiona en este caso”, resumió un funcionario judicial.
El expediente describe una escena que hiela la sangre. El cuerpo estaba cuidadosamente envuelto con dos frazadas, una gris y otra estampada, atadas con nudos en los extremos.
No había signos de violencia externa ni defensa. La mujer habría sido dejada a la intemperie, probablemente durante la noche, sin alimentos ni abrigo suficiente.
“Murió consciente, intentando liberarse de las ataduras”, explicaron los médicos forenses. Las marcas en las muñecas evidencian que había intentado moverse, pero el frío y la debilidad le ganaron.
El delito que se le imputa al acusado es abandono de persona agravado por el resultado muerte, una figura prevista en el artículo 106 del Código Penal argentino, que prevé penas de hasta 15 años de prisión.
En este caso, los fiscales sostienen que existió una relación de confianza y dependencia, lo que agrava aún más la situación del detenido. “Tenía la obligación moral y legal de asistirla, y decidió todo lo contrario: trasladarla, dejarla morir y luego intentar beneficiarse económicamente”.
