El jefe de Gabinete recibió $1,6 millones a lo largo de un año por parte de la productora propiedad del periodista Marcelo Grandio.
La Justicia profundiza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y en las últimas horas incorporó nuevos movimientos de dinero que lo vinculan con una productora privada ligada a Marcelo Grandio.
Según surge del expediente, Adorni recibió $1.670.900 entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 por parte de la firma Imhouse, propiedad de Marcelo Grandio, la misma empresa que le pagó vuelos a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. Los pagos se realizaron antes de que asumiera como secretario de Comunicación.
Los datos fueron incorporados a la causa luego de que el juez federal Ariel Lijo ordenara levantar el secreto bancario a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. De acuerdo con la información relevada, las transferencias se hicieron a una cuenta del Banco Galicia del funcionario, con montos que fueron creciendo a lo largo del tiempo: desde $110.000 en diciembre de 2022 hasta $605.000 en el último mes de 2023.
En Comodoro Py analizan ahora solicitar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la documentación respaldatoria de esos movimientos para determinar si existieron servicios efectivamente prestados que justifiquen los pagos.
La investigación también sumó en las últimas horas un viaje familiar a Aruba realizado entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Según consta en el expediente, Adorni abonó unos US$5.800 en pasajes aéreos para cuatro personas a través de la empresa Latam.
A pedido de la fiscalía, la Justicia también avanzó con el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, lo que permitirá acceder al detalle de los consumos realizados con tarjeta de crédito durante ese período.
En paralelo, los investigadores analizan distintos gastos en dólares vinculados a operaciones inmobiliarias y consumos personales. Entre ellos, figura un desembolso de US$30.000 para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, adquirido por un valor total de US$230.000. La operación incluyó una hipoteca por US$200.000, lo que obligó al funcionario a cubrir la diferencia inicial.
