La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró hoy que el proyecto de reforma laboral "moderniza un sistema que tenía al 43% de los trabajadores en la informalidad”.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la reforma laboral y sostuvo que busca reducir la informalidad, mientras el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial la ampliación de las sesiones extraordinarias e incluyó la ley de financiamiento universitario.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró hoy que el proyecto de reforma laboral "moderniza un sistema que tenía al 43% de los trabajadores en la informalidad”.
"La reforma laboral moderniza un sistema que tenía al 43% de trabajadores en la informalidad", cuestionó la ministra a quienes no apoyan la iniciativa que impulsa el oficialismo dentro de su paquete de reformas.
En un mensaje en su cuenta de X, la ex ministra de Seguridad describió la situación que atraviesa el sector informal que se encuentra, dijo, "sin obra social", "sin vacaciones", "sin derechos", "nada". "Esto que dejó el kirchnerismo se terminó", rechazó.
Después de que el proyecto se aprobara el martes pasado con 42 votos a favor y 30 en contra, ahora la Cámara de Diputados deberá tratarlo para completar el trámite legislativo. El Gobierno pretende firmar dictamen el miércoles para poder sancionar la normativa dentro del período de sesiones extraordinarias, que extendió hasta el 28 de febrero.
El Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto que amplía el período de sesiones extraordinarias del viernes 27 de febrero al sábado 28 de febrero. Y además, agregó en el temario el tratamiento de la ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria.
La decisión se produce después de que el Gobierno rechazara aplicar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, luego vetada por Javier Milei y restablecida más tarde con el respaldo de los dos tercios de ambas cámaras legislativas.
La maniobra oficial busca saldar en un solo paso el conflicto presupuestario y, a la vez, cerrar los frentes judiciales abiertos —y esquivar eventuales sanciones penales— mediante la sanción parlamentaria de una legislación que sustituya a la vigente.
