El fiscal Carlos Stornelli afirmó que Cristina Fernández de Kirchner era la “destinataria final” de los pagos ilegales que, según la acusación, realizaban empresarios durante su gobierno.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue señalada por el fiscal federal Carlos Stornelli como la destinataria de "sumas de dinero en sus domicilios" de procedencia ilegal por parte de empresarios durante su gobierno. Ese planteo forma parte del requerimiento de elevación a juicio cuya lectura terminó hoy, en la quinta audiencia del debate oral por el caso Cuadernos.
“La principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”, sostiene el documento fiscal. También se remarcó que el departamento de la calle Uruguay, en Recoleta, funcionaba como un punto de “acopio” de esos fondos.
Esta jornada cerró la lectura completa de las 678 páginas de acusación en la causa central y el repaso de los cargos atribuidos a cada uno de los imputados, incluida la ex mandataria. La audiencia había comenzado poco antes de las 9.30 y tuvo un cuarto intermedio de quince minutos antes de retomar con el análisis de otro tramo conexo.
Para la fiscalía, “específicamente se encuentra acreditado que Cristina Fernández recibió sumas de dinero en sus domicilios, y a través de Héctor Daniel Muñoz, de parte de los empresarios”. Muñoz, ya fallecido, fue el secretario privado de Néstor Kirchner.
La ex presidenta siguió la lectura conectada por Zoom desde el departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario por la condena a seis años en la causa Vialidad. En este expediente está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita y por hechos de cohecho en 22 oportunidades.
El resumen de los episodios incluidos en el requerimiento fiscal repasó 128 maniobras de pago de sobornos. Según la acusación, “los eslabones convergen así en un solo punto”, en referencia a la entonces presidenta.
El esquema que describió la investigación ubicó a Roberto Baratta como primer receptor de los pagos, a Muñoz como intermediario y a Cristina Elisabet Fernández como "destinataria final" de los fondos. La fiscalía subrayó además las declaraciones de imputados colaboradores que “ratificaron la participación e intervención directa de la imputada en la recepción de los sobornos garantizados por los privados”.
Cristina Kirchner, según se afirmó, “en definitiva, resultó ser la única con capacidad real y efectiva, para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas”. Y se añadió que “ella recibió dinero de los empresarios para ejercer la influencia necesaria que le permitiera incidir a su favor”.
Entre los testimonios valorados figura el del ex titular del OCCOVI Claudio Uberti. En 2018 relató que había subido al departamento de los Kirchner en Recoleta y visto unas 20 valijas. Según dijo, Muñoz le comentó que estaban destinadas a la vivienda de la pareja en Río Gallegos, donde había “bóvedas que había comprado al Banco Hipotecario”. También mencionó bolsos de más de diez kilos trasladados por esa vía.
La fiscalía sostuvo que gran parte de esos fondos terminó en propiedades utilizadas por la ex presidenta, como la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y el departamento de Juncal y Uruguay, señalado como epicentro del acopio del dinero “retirado de las distintas empresas”. Entre 2008 y 2010, según el requerimiento, se habrían producido entregas vinculadas a empresarios como Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Gerardo Ferreyra, Raúl Glazman, Ivánissevich, Romero, Vertúa y Dragonetti, asentadas en las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
El debate oral por el caso Cuadernos continúa con dos audiencias semanales y avanza en la lectura de los requerimientos fiscales de todos los tramos acumulados. El Tribunal Oral Federal 7 repasa los fundamentos que sostienen la acusación de Stornelli, quien consideró acreditada la existencia de una asociación ilícita dedicada a ejecutar distintos “planes delictuales” durante el kirchnerismo. En esa estructura incluyó a la ex presidenta y a ex funcionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Enrique Llorens y José María Olazagasti, entre otros. Según la fiscalía, “recibieron y/o participaron” en pagos de empresarios para obtener decisiones favorables del Estado.
El cronograma prevé que hasta el 2 de diciembre se completen las lecturas del tramo principal y de otros dos expedientes sobre sobornos vinculados a la obra pública. Las audiencias del 4, 9, 11 y 16 de diciembre estarán destinadas a “La Camarita”, una pesquisa sobre la presunta cartelización de empresas viales. El 18 de diciembre se tratarán los requerimientos de las causas “Trenes” y “Corredores Viales”.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli ya solicitaron a las defensas que anticipen cuestiones preliminares. Tras recibir las respuestas, se abrirá una etapa para escuchar cada planteo, pedir opinión a la fiscal Fabiana León y a la querella de la UIF, y luego decidir.
El Tribunal estima que en febrero de 2026 comenzarán las 86 declaraciones indagatorias. Todos los imputados deberán presentarse ante los jueces para confirmar sus datos personales, más allá de que opten o no por declarar. Por ahora sigue vigente el sistema mixto, con presencia física ante el Tribunal y seguimiento remoto por Zoom para el resto de las partes.
Aún está pendiente la respuesta de la Corte Suprema sobre la disponibilidad de otra sala en Talcahuano 550. De eso dependerá si se acepta la propuesta de la Cámara Federal de Casación de mudar el juicio a Comodoro Py 2002 y sumar un día más de audiencias presenciales desde el 10 de diciembre. Mientras tanto, las lecturas continúan de manera virtual.
En paralelo, otros imputados ya siguen la audiencia desde prisión. Entre ellos, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, encarcelado desde que quedó firme su condena por la tragedia de Once. También permanece detenido el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, condenado en el mismo expediente y sin acceso al arresto domiciliario por el momento.
