El año judicial 2022 está llegando al final con 3 detenidos por intentar asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, quien a su vez fue condenada a 6 años de prisión; Mauricio Macri fue sobreseído por la Cámara Federal de Apelaciones; la distribución de los planes sociales está bajo la lupa, un grupo de jueces es investigado por dádivas, y el Consejo de la Magistratura está incompleto.
A su vez, Pepín Rodríguez Simón espera ser declarado refugiado en Uruguay sin presentarse en los tribunales argentinos, el avión irani sigue secuestrado desde hace 7 meses, y la Corte Suprema respondió a la demanda de Ciudad contra Nación por el recorte de la coparticipación, con un fallo a favor de la Capital.
Estas son algunas de las causas que sobresalieron en los últimos 365 días y que integran el anuario de noticias judiciales que A24.com resumirá a continuación.
El 1 de septiembre Fernando Sabag Montiel intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, en la puerta de su casa de Recoleta.
La justicia determinó que Sabag y su novia Brenda Uliarte, estuvieron escondidos entre la gente para no ser advertidos por la custodia, y cuando llegó el momento, Sabag apuntó con el arma a corta distancia hacia el rostro de la expresidenta, tirando de la cola del disparador.
Ambos fueron procesados con prisión preventiva, como coautores del delito de homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa.
También permanece detenido el “jefe de los Copitos”, Gabriel Carrizo, procesado como partícipe secundario del intento de asesinato de la vicepresidenta.
Desde el primer momento este caso derivó en otras líneas de investigación, que sobre todo despertaron el interés de Cristina Kirchner, quien reclama que se encuentre al autor intelectual del crimen.
Por eso, como querellante, recusó -sin éxito- a la jueza Maria Eugenia Capuchetti por falta de parcialidad. La responsabilizó por la pérdida de información del teléfono de Sabag Montiel, irregularidades en la detención de Brenda Uliarte.
A su vez, le endilgó falta de iniciativa por rechazar medidas de prueba vinculadas con Revolución Federal; con Hernan Carrol, de la agrupación Nueva Centro Derecha; y con la denominada pista Casablanca.
Cuando la Cámara Federal confirmó a la jueza Capuchetti, además ordenó agotar todas las sospechas debido a la gravedad del delito. Finalmente, la magistrada delegó la investigación en el fiscal Carlos Rivolo, quien continúa tomando testimonios.
La cuestión se incorporó a la causa del atentado 22 días después del ataque, a través de la denuncia del ex diputado por la provincia de Santa Fe, Jorge Abello.
Según declaró, 2 días antes del intento de homicidio a la vicepresidenta, cuando se encontraba en el bar Casablanca, observó al diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, sentado en una mesa cercana junto a dos asesoras. En esa ocasión, escuchó que el dirigente decía: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”.
En las últimas semanas, el fiscal Rivolo llamó a declarar como testigos a las dos asesoras de Milman. Ambas dejaron sus teléfonos, a pedido de los abogados de la vicepresidenta.
Por su parte, Milman denunció a Abello por “falso testimonio”, lo que derivó en otro caso judicial a cargo del juez Julian Ercolini.
La causa que investiga a la agrupación Revolución Federal está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita. Cristina Kirchner pidió ser querellante porque sospecha que podría tener relación con el ataque contra su vida.
En este caso, Sabrina Basile, Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, están procesados sin prisión preventiva por alterar el orden público para imponer sus ideas.
La condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad se conoció el 6 de diciembre pasado, aunque los fundamentos se difundirán recién el 9 de marzo del año próximo, y a partir de ese momento las partes podrán apelar. La sentencia no estará firme hasta que la revise la Corte Suprema.
El veredicto del Tribunal Oral Federal 2 determinó para la vicepresidenta la pena máxima prevista para el delito de administración fraudulenta, aunque la absolvió como jefa de una asociación ilícita.
Los otros 8 condenados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública fueron el empresario Lázaro Báez (6 años de prisión), el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); los ex funcionarios de Vialidad, Nelson Periotti (6 años), Mauricio Collareda(4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), y José Raúl Santibáñez (4 años).
Fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex subsecretario de obras públicas, Abel Fatala; el ex presidente de Vialidad Santa Cruz, Héctor Garro; y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner.
Por su lado, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola anticiparon que apelarán la sentencia porque para ellos el delito de asociación ilícita quedó comprobado.
En estos días vence el plazo para que la Cámara de Casación Federal defina si revoca los sobreseimientos de Cristina Fernández de Kirchner en los expedientes Memorándum con Irán, y Los Sauces y Hotesur. Sin embargo, una frase que suelen usar los magistrados es “son plazos ordenatorios, no obligatorios”.
En tal sentido, es posible que a pesar de las expectativas, la respuesta de los jueces se haga esperar un poco más. Algunas opiniones advirtieron que esa demora podría ir más allá de la feria judicial, para aguardar hasta el 9 de marzo del 2023, cuando el Tribunal Oral Federal 2 difunda los fundamentos del veredicto que condenó a la vicepresidenta a 6 años de prisión por administración fraudulenta.
Mauricio Macri fue sobreseído por la Cámara Federal de Apelaciones en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan. Ahora tramita en la Cámara de Casación la apelación que plantearon las querellas representadas por los abogados Valeria Carreras y Luis Tagliapietra.
El miércoles pasado debió celebrarse una audiencia oral para escuchar a todas las partes, pero se postergó para tratar un planteo de recusación contra uno de los jueces de la Sala.
Se trata de Carlos Mahiques, acusado por supuesto mal desempeño al integrar el grupo de magistrados que viajó a Lago Escondido, presuntamente a la casa del amigo de Macri, Joe Lewis.
Macri había sido procesado por el juez federal subrogante en Dolores, Martin Bava, por el delito de abuso de autoridad de funcionario público. La hipótesis sostenía que el expresidente había obtenido información producida por un grupo de inteligencia ilegal sobre allegados de las víctimas del ARA San Juan y los buques “El Repunte” y “El Rigel”. Según esta teoría, el supuesto propósito había sido el de influir en la situación política e institucional del país.
El fiscal Guillermo Marijuan denunció a la actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y al secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Se basó en un informe de la AFIP que detectó inconsistencias en más de un millón de beneficiarios.
Por las presuntas irregularidades en la distribución de los planes, hay dos causas en manos de los jueces Ariel Lijo y Julian Ercolini.
Por un lado, Lijo investiga si existen beneficiarios truchos cobrando subsidios, y para descubrirlo ordenó al Ministerio de Desarrollo Social que entregue una auditoría biométrica antes del 15 de enero.
En tanto, el juez Ercolini dispuso el pago del dinero retenido a los beneficiarios que tuvieron suspendidos los cobros, tras descubrir supuestas compras de dólares, que resultaron ser el consumo de 2 dólares por bajarse una app a través del teléfono celular.
El Gobierno nacional denunció penalmente ante la justicia de Bariloche a los jueces y fiscales involucrados en un viaje a Lago Escondido. Los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, admisión de dádivas, cohecho agravado y tráfico agravado de influencia.
Por su parte, la fiscal de Bariloche, María Cándida Etchepare, solicitó imputar a los 10 involucrados: los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials; el fiscal Juan Bautista Mahiques, el ministro de seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y los empresarios Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, Pablo Casey, y Jorge Carlos Rendo.
El Consejo de la Magistratura inició el año con el fallo de la Corte Suprema que ordenaba ampliar la cantidad de integrantes de 13 a 20 para poder funcionar, un proceso que demoró varios meses, y lo mantuvo paralizado hasta que logró conformarse en mayo.
En paralelo se abrió una pelea judicial del senador opositor Luis Juez, reclamando una de las representaciones del Senado, después de que el bloque del Frente de Todos se dividió en dos, quitando la segunda minoría a Juntos por el Cambio.
Para cuando la Corte Suprema le dió la razón a Juez, el Consejo ya estaba eligiendo a sus delegados para un nuevo periodo, por lo que ahora se repite el conflicto.
La Corte llamó a jurar a los nuevos miembros de todos los estamentos, menos a los consejeros del Senado, donde designaron a sus delegados sin reconocerle una banca a Juntos.
Se cumplieron 2 años desde que el ex asesor de Mauricio Macri, Fabián Rodriguez Simón, fuera declarado en rebeldía por la jueza María Servini. Mientras tanto, su reclamo de asilo político en Uruguay tramita en forma reservada.
La demanda espera que la Corte Suprema del país vecino falle a su favor para evitar la extradición.
Recordemos que Pepin está imputado en la causa que investiga los presuntos aprietes a Cristóbal López y a Fabián de Sousa.
Desde el 6 de junio permanece incautado en Ezeiza un avión de origen iraní, por orden del juez federal Federico Villena, a pedido de los Estados Unidos. Se trata del Boeing 747-300 perteneciente a la compañía aérea Emtrasur, sospechado de ser utilizado para maniobras vinculadas al contrabando y el terrorismo.
Como consecuencia de las primeras pesquisas, los 19 tripulantes quedaron retenidos por varias semanas, en el Hotel Plaza Central de Canning, con custodia permanente de la Policía Federal. Primero la justicia dejó ir a 14 venezolanos, y finalmente dictó la falta de mérito a los 5 iraníes que viajaban en ese vuelo.
La fiscal Cecilia Incardona habia puesto el foco sobre el piloto del avión, el iraní Gholamreza Ghasemi, quien según las autoridades del FBI es CEO de Oeshm Fars Air vinculada a Mahan Air, y miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air, una compañia aerea señalada por sus vinculos con el terrorismo
La teoría del FBI sostiene que estas organizaciones usan esos aviones civiles para llevar componentes militares clandestinamente.
La Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de los fondos de coparticipación federal que recibía por los gastos de la Policía.La Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de los fondos de coparticipación federal que recibía por los gastos de la Policía.
Dictó una medida cautelar que le permitirá a Horacio Rodriguez Larreta recuperar una parte de los fondos coparticipables hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El gobierno rechazó la decisión del Máximo Tribunal, y con el respaldo de los gobernadores peronistas, anunció que se rehúsa a cumplirlo. El presidente Alberto Fernández no disimuló su descontento, e indicó que el objetivo es financiar la campaña a Rodríguez Larreta.
