Según establece la ley, quien no vote y no lo justifique no podrá realizar trámites ante organismos nacionales, provinciales o municipales por un año, además de sanciones económicas.
El próximo domingo 26 de octubre se celebrarán en Argentina las elecciones legislativas nacionales, una jornada clave en la que se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Como en cada elección nacional, el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años. Pero, ¿qué ocurre si una persona no va a votar? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cómo se justifica una ausencia?
Aunque muchas veces se desconoce o se subestima, la ley electoral argentina contempla multas económicas, restricciones administrativas y la inclusión en un registro de infractores para quienes no cumplen con su deber cívico. Según la legislación vigente, no votar sin causa justificada puede derivar en consecuencias que van más allá de una simple penalización monetaria.
Vale mencionar que el marco legal que regula las elecciones nacionales en Argentina es el Código Electoral Nacional (Ley 19.945). En su artículo 125 establece que “se impondrá multa de entre $50 y $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 que deje de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días posteriores a la elección”.
Además, se prevé la creación de un Registro de Infractores al deber de votar, que incluye a todos aquellos ciudadanos que no cumplieron con la obligación de votar y no presentaron una justificación válida.
Si bien estos montos pueden parecer simbólicos, en algunos distritos, como ocurre con determinadas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, se aplican sistemas de “unidades fijas” que actualizan el valor de las multas.
Según pudo saber A24.com, en algunos casos las penalizaciones podrían escalar hasta $77.000 para quienes no voten y luego tramiten una justificación falsa o saquen una constancia de no voto sin motivo legítimo.
Más allá del aspecto económico, hay otras consecuencias importantes. Según establece la ley, quien no vote y no lo justifique, no podrá realizar trámites ante organismos nacionales, provinciales o municipales por un año. Esto incluye, por ejemplo, la renovación del DNI, la gestión del pasaporte, la inscripción a programas sociales o ciertos trámites jubilatorios.
