En el marco de su política de simplificación normativa y desregulación económica, el Gobierno nacional anunció este miércoles la derogación de 71 normas comerciales que regulaban distintos aspectos del comercio interno y la industria.
La medida deja sin efecto 40 resoluciones y sus 31 modificatorias, vinculadas a la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y Precios Justos, además de programas desarticulados y entes disueltos.
Adiós a "Precios Justos": el Gobierno derogó 71 regulaciones comerciales y se termina la Ley de Góndolas
En el marco de su política de simplificación normativa y desregulación económica, el Gobierno nacional anunció este miércoles la derogación de 71 normas comerciales que regulaban distintos aspectos del comercio interno y la industria.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 357/2025, publicada en el Boletín Oficial, e implica la eliminación de regulaciones que en su mayoría estaban vinculadas a programas ya discontinuados o a entes disueltos.
Según informó la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, el objetivo central es “eliminar trabas burocráticas y transparentar las relaciones de consumo”.
En un comunicado, la dependencia precisó que “se trata de normativas que obstaculizan el comercio entre consumidores, habilitan controles de precios abusivos, exigen información sin fin específico y regulan programas que ya habían sido dados de baja”.
La resolución alcanza 40 disposiciones y 31 modificatorias, entre ellas:
Entre los ejemplos mencionados se encuentran la Resolución 605/2020, que intimaba a empresas de insumos para la construcción a producir al máximo de su capacidad; la Resolución 100/2020 y la 1050/2021, que establecieron precios máximos durante la pandemia de COVID-19; y la Resolución 25/2006, que regulaba la distribución de gasoil.
También se dejaron sin efecto disposiciones más antiguas, como la Resolución 226/1986, que suspendía el derecho de importación de papa, o la Resolución 18/1989, que obligaba a productores de algodón a presentar información ante la Secretaría de Comercio Interior.
Una parte significativa del paquete de medidas se enfoca en eliminar la normativa que daba sustento a programas de control de precios. Precios Justos, creado en 2022 para contener la inflación, ya había sido discontinuado y ahora quedaron sin efecto las resoluciones que establecían convenios con municipios para su fiscalización.
Lo mismo ocurre con la Ley de Góndolas, sancionada en 2020 para garantizar la competencia de segundas y terceras marcas en supermercados. La normativa fue derogada formalmente junto con la Ley de Abastecimiento, y ahora se eliminaron las disposiciones complementarias que regulaban la disposición de productos en góndola.
El Coprec, organismo encargado de la conciliación en relaciones de consumo, también quedó sin marco regulatorio. Entre las normas derogadas había disposiciones que regulaban la admisión de reclamos, la homologación de acuerdos y el pago de honorarios a conciliadores.
Desde la Secretaría de Comercio se remarcó que estas normas “exigían información sin fines razonables, establecían mecanismos de control de precios y fijaban valores máximos en contextos excepcionales como la pandemia, lo que generaba trabas innecesarias al comercio interno”.
La cartera que conduce la Secretaría de Industria y Comercio señaló que el objetivo es reducir la carga administrativa, permitir un funcionamiento más ágil del mercado y promover la libre competencia.
“Estas medidas representan un paso más en el objetivo de conformar un ordenamiento jurídico que permita eliminar trabas burocráticas y promover un mercado más transparente y competitivo”, señaló el comunicado oficial.
Esta decisión se enmarca en un proceso de desregulación más amplio que el Ejecutivo viene llevando adelante desde la sanción de la Ley Bases. Según datos oficiales, desde el inicio de la gestión ya se derogaron más de 240 normas vinculadas a comercio, licencias de importación, controles de precios e información obligatoria para empresas.
El Gobierno sostiene que esta política tiene como finalidad incentivar la inversión privada, reducir costos operativos y mejorar la eficiencia del Estado. No obstante, algunos especialistas advierten que la eliminación de controles podría impactar en la protección de los consumidores, especialmente en sectores sensibles como alimentos y combustibles.
