El oficialismo logró aprobar en el Senado el proyecto de Inocencia Fiscal II en una sesión atravesada por las críticas de la oposición a los cambios incluidos en el Presupuesto 2027.
La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo el respaldo de la Cámara alta en una sesión atravesada por las críticas de la oposición a los cambios incluidos en el Presupuesto 2027.
photoEl Senado convirtió en ley Inocencia Fiscal II. (Foto: captura).
El oficialismo logró aprobar en el Senado el proyecto de Inocencia Fiscal II en una sesión atravesada por las críticas de la oposición a los cambios incluidos en el Presupuesto 2027.
Con 43 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención, La Libertad Avanza (LLA) transformó en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, que ya contaba con la media sanción de la Cámara de Diputados.
Para la sanción, el Gobierno contó con el apoyo del PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
“Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, expuso el senador libertario Bruno Olivera, en su rol de miembro informante.
El proyecto fue rechazado por los 23 senadores del bloque del peronismo, que cuestionaron el alcance de la iniciativa y consideraron que forma parte de un esquema de blanqueo impulsado por el Gobierno.
“Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”, expuso José Mayans, presidente del bloque.
Durante el debate, el senador peronista Jorge Capitanich también cuestionó el tratamiento de la iniciativa en las comisiones y apuntó contra la ausencia de funcionarios del área económica. “En las comisiones no ha habido presencia del ministro de Economía, de funcionarios ni representantes del Ministerio de Economía ni ARCA. Simplemente se han invitado a especialistas que no tienen absolutamente nada que ver con la iniciativa del proyecto”, sostuvo.
Uno de los principales cambios de la ley está vinculado con el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Hasta ahora, quedan excluidos de ese régimen quienes hayan registrado ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio mayor a diez mil millones de pesos en alguno de los últimos tres años.
La nueva legislación también modifica el criterio para determinar cuándo existe una discrepancia significativa entre la información declarada por un contribuyente y los datos que posee el fisco nacional.
Otro de los puntos incluidos en la norma establece una fecha límite para acceder a los beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el tapón fiscal: el 31 de diciembre de 2027.
Durante la misma sesión, el Senado también aprobó acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para el traspaso de la Justicia de menores y determinadas competencias penales.
La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 21 en contra, correspondientes al bloque Justicialista y a los senadores santiagueños.
“La aprobación de este convenio va a permitir que las funciones que hoy se encuentran escindidas entre Nación y CABA, que refieren a la prevención, asistencia social y sanción de hechos ilícitos, estén bajo el mismo techo institucional de una sola jurisdicción”, explicó el senador libertario de Salta Gonzalo Coraita.
El acuerdo establece el traspaso a la Ciudad de la justicia criminal y correccional de menores. De esta manera, el distrito asumirá la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, incluso si al momento de ser juzgados ya son mayores.
El convenio también contempla a los adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o por hechos conexos, con el objetivo de mantener una misma investigación y un mismo proceso judicial. En el caso de los menores de 14 años, se prevén intervenciones judiciales orientadas a su protección.
El traspaso también generó cuestionamientos por su impacto sobre el federalismo fiscal. En ese sentido, Capitanich sostuvo: “Desde las provincias la protesta es que no podemos seguir profundizando asimetrías en materia de federalismo fiscal porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, porque es el distrito más rico del país y tiene autonomía fiscal y financiera”.
