Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, los tres principales socios del Frente de Todos y las peleas que se vienen en febrero, como anticipo del año electoral. Foto: Archivo.
El Gobierno busca salir de la nueva crisis interna con un acuerdo de no agresión entre todos los socios del Frente de Todos, mientras bajo presión del kirchnerismo, el presidente Alberto Fernández prepara el anuncio para convocar a la mesa política nacional. El objetivo es definir cómo será la próxima alianza electoral del oficialismo y la manera en que se van a dirimir las internas para elegir la próxima fórmula presidencial, que competirá por la sucesión en la Casa Rosada.
"Ya bajó la espuma y acordamos seguir todos juntos mostrando la gestión", señalaron fuentes cercanas al presidente consultadas por A24.com este miércoles, horas antes de que el primer mandatario se mostrara junto al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, uno de los gobernadores del Pj alineado a Cristina Kirchner. El propio Capitanich reconoció el derecho de Fernández a ir por la reelección, pero le reclamó que como presidente del PJ convoque a una reunión para "ordenar la estrategia electoral".
Mientras el Gobierno intenta "bajar la espuma" de las críticas internas del kirchenrismo, busca mostrar unidad en los bloques del Congreso. En la primera semana de febrero, el oficialismo empezó a dar la pelea con la oposición no solo por el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, sino para que los diputados y senadores de la oposición ayuden a dar quorum para votar en el recinto proyectos clave para calmar la crisis económica y social.
Un ejemplo de la nueva pelea entre oficialismo y oposición se dio el miércoles en la Comisión de Previsión Social. La titular de la ANSES, Fernanda Raverta y el diputado albertista por Entre Ríos, Marcelo Casaretto reclamaron a Juntos por el Cambio que ayuden a dar quorum para sancionar el proyecto de Moratoria Previsional, que el gobierno pide para poder jubilar a unos 800 mil argentinos que están en edad de hacerlo, pero a los que no les alcanzan los aportes realizados.
En la Casa Rosada advirtieron este miércoles que si la oposición no ayuda con el quorum, la decisión es sacar las leyes por decreto de necesidad y urgencia (DNU). Lo que pondría en la disyuntiva a Alberto Fernández, cuestionado por la gestión de la crisis económica, por haber batido el récord de inflación de los últimos 30 años, a gobernar en el último tramo de su primer mandato y en medio de la campaña electoral, con decisiones y decretos sin el aval del Congreso.
Febrero empezó como el mes de los debates políticos en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo nacional, que elevó un temario con 27 proyectos legislativos.
Más allá de las peleas por los proyectos de reforma judicial para ampliar a 25 los miembros de la Corte, modificar el Consejo de la Magistratura y designar al Procurador General, que la oposición ya anticipó que va a rechazar y no dará quorum para sus tratamientos, el oficialismo reclama salir de esa encrucijada y planea acusar a Juntos por el Cambio de paralizar el Congreso al no dar número para el tratamiento de las leyes económicas que reclaman no solo el gobierno sino distintos sectores económicos y sociales por la crisis.
Se trata de la ley de Agroindustria, la ley de Hidrógeno Verde, el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos (Monotech), blanqueo de capitales no declarados en el exterior, o la creación de varias universidades nacionales.
El temario de 27 proyectos enviados por el Ejecutivo contempla:
En ese escenario de juego de suma cero, donde oficialismo y oposición empatan, la grieta política sigue frenando la posibilidad de avanzar en soluciones concretas para sectores afectados por la crisis. Esta crisis de confianza, según admiten en el propio oficialismo, repercute en las principales variables económicas como la presión sobre el dólar y la inflación.
En ese marco, el Ministerio de Economía negocia para renovar por 6 meses el programa Precios Justos con unas 164 empresas alimenticias y de productos de consumo masivo, que vence el 28 de febrero. Hasta ahora, el programa tuvo dificultades para ser cumplido y para controlar el abastecimiento de productos en las góndolas.
Mientras Alberto Fernández lanzó la campaña por la eventual reelección y prepara nuevos spots con el mensaje de defensa de la gestión, el gobierno habilitó la anticipada renegociación de paritarias para 2023, luego de que el INDEC confirmara la promesa incumplida de que los sueldos le ganen a la inflación.
Según el informe del último trimestre del índice salarial de noviembre superó la inflación de ese mes, pero terminó perdiendo el año 2022 con aumentos promedio del 84 % frente a una inflación anual del 94.8 %.
Las expectativas del Ministerio de Economía es seguir con el plan de "ordenar las variables" macroeconómicas, mientras apuesta a bajar la inflación al 60 %, según consigna el Presupuesto 2023 y cumplir las metas acordadas con el FMI.
En esa hoja de ruta, ratificó Massa en las últimas horas a sus colaboradores más cercanos, la idea es acordar con las principales empresas que los aumentos mensuales no superen en marzo y abril 3% mensual. ¿Lo logrará?
