El Gobierno sostuvo que no reconoce la competencia británica para otorgar concesiones o extender permisos sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.
El conflicto por el proyecto Sea Lion
En el centro de la controversia se encuentra Sea Lion, un proyecto desarrollado por la petrolera británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Ambas compañías sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y han señalado que las medidas adoptadas por el Gobierno argentino no deberían impedir el avance del emprendimiento.
La posición argentina es diferente ya que el Gobierno considera que las actividades hidrocarburíferas realizadas en el área en disputa requieren autorización de las autoridades nacionales y, por ese motivo, avanzó con procedimientos administrativos y otras medidas contra las compañías involucradas.
A la disputa política y diplomática se sumó una decisión de la Justicia Federal de Río Grande. La jueza Mariel Borruto ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar determinadas obras vinculadas con Sea Lion hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental. La medida incluye perforaciones e infraestructura relacionada con la explotación petrolera.
Qué puede decir Javier Milei ante la ONU
En este contexto, el reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda internacional del Gobierno. Milei ya había cuestionado públicamente el avance del proyecto petrolero y sostuvo que las actividades desarrolladas en el área en disputa contradicen resoluciones de Naciones Unidas.
Durante un mensaje televisado a comienzos de septiembre, el Presidente vinculó la explotación de recursos naturales con la cuestión de soberanía y afirmó que la Argentina debe defender sus derechos sobre los espacios marítimos que considera propios.
También anunció un endurecimiento de las sanciones para quienes participen de actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
La nueva ofensiva también quedó plasmada en un proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso la semana pasada. La iniciativa busca aumentar las sanciones contra empresas, personas y otros actores que participen de actividades vinculadas con recursos naturales en áreas marítimas y de la plataforma continental que la Argentina considera bajo su jurisdicción.
Desde el Gobierno británico rechazaron las medidas argentinas. La subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, calificó de “inaceptables” las acciones impulsadas por Buenos Aires y sostuvo que las Islas Malvinas son británicas y que sus autoridades tienen derecho a desarrollar los recursos naturales del territorio.
La posición de Londres se contrapone directamente con el reclamo histórico argentino, que sostiene que las islas forman parte de su territorio y que el Reino Unido mantiene una ocupación que la Argentina considera ilegítima.
La disputa se remonta a 1833, cuando el Reino Unido tomó el control del archipiélago. En 1982, la Argentina ocupó las islas y ambos países protagonizaron una guerra que terminó con la rendición argentina después de diez semanas de enfrentamientos. Desde entonces, la soberanía continúa siendo reclamada por ambos Estados.
El vínculo con Israel y la reunión con Netanyahu
El conflicto por Sea Lion también tiene una dimensión vinculada con Israel. Navitas Petroleum, una de las empresas involucradas en el proyecto, tiene origen israelí y mantiene una participación central en el desarrollo petrolero.
En ese contexto, Milei tiene previsto reunirse este jueves con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su estadía en Estados Unidos. El encuentro se producirá un día después de su exposición ante la Asamblea General de la ONU.
El vínculo entre el Gobierno argentino e Israel es uno de los ejes de la política exterior de Milei. La presencia de una empresa israelí en el proyecto petrolero de Malvinas agrega otro elemento a una disputa que en las últimas semanas volvió a adquirir mayor exposición internacional.