Los gremios universitarios anunciaron un paro de 48 horas para la próxima semana, en medio de la disputa por el financiamiento de las casas de estudio y los reclamos por una recomposición de los haberes.
Paro universitario: los docentes confirmaron una nueva medida de fuerza y advirtieron por la pérdida salarial
Los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realizarán un paro nacional de 48 horas el 27 y 28 de agosto, en reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y una mejora de los salarios del sector.
La medida fue confirmada por distintos sindicatos universitarios, entre ellos FEDUBA, y se produce en medio de la disputa judicial y política que existe por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso luego del veto presidencial.
Desde las organizaciones gremiales sostienen que las universidades no están recibiendo las transferencias presupuestarias previstas por la ley, pese a la existencia de fallos judiciales que ordenan su cumplimiento.
El reclamo por el financiamiento tiene impacto directo sobre el funcionamiento de las universidades públicas. Según advierten desde el sector, la falta de fondos afecta tanto los gastos cotidianos de las instituciones como los recursos destinados a los salarios del personal académico y las becas estudiantiles.
A esto se suma el conflicto salarial. Los gremios cuestionan que las actualizaciones otorgadas durante los últimos meses fueron establecidas de manera unilateral y sin una reapertura formal de las paritarias, además de ubicarse por debajo de la inflación acumulada.
Las entidades sindicales estiman que los trabajadores universitarios perdieron cerca de un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
Según sus cálculos, para recuperar el nivel de compra de aquel momento sería necesario un incremento superior al 50% sobre los salarios actuales.
El deterioro afecta especialmente a los docentes con dedicaciones simples y semi-exclusivas, aunque también alcanza a quienes tienen cargos de dedicación exclusiva.
La situación salarial también genera preocupación por la migración de docentes e investigadores altamente calificados, especialmente aquellos con títulos de posgrado.
Desde el ámbito universitario advierten que la diferencia de ingresos respecto del sector privado y de instituciones del exterior está provocando un drenaje de profesionales, que puede repercutir en la calidad educativa y en la producción científica y tecnológica.
El conflicto se desarrolla mientras continúa demorada la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Frente a este escenario, los gremios no descartan profundizar el plan de lucha si no reciben respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo a sus reclamos por presupuesto y salarios.
