El empresario teatral deberá presentarse ante el juez federal Luis Armella. La investigación apunta a maniobras millonarias vinculadas a la explotación comercial de la Selección argentina fuera del país.
La Justicia citó a declarar a Javier Faroni y le levantó la prohibición de salida del país
La causa judicial que investiga presuntas maniobras irregulares con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo clave. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, citó a declarar al empresario teatral Javier Faroni, con estrechos vínculos con la conducción del fútbol argentino y con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La citación fue fijada para el 19 de enero, en una franja horaria que va de las 10 a las 10:15, y alcanza también a la esposa del empresario, Erica Gillette, quien aparece mencionada de manera recurrente en el expediente.
La decisión se conoció luego de que la Justicia resolviera revocar la prohibición de salida del país que pesaba sobre Faroni, una medida que había sido dispuesta en el inicio de la investigación.
Faroni no es un nombre ajeno al mundo político ni al ámbito deportivo. Además de su trayectoria como productor teatral, fue diputado bonaerense por el Frente Renovador y actualmente está vinculado a la empresa que maneja la representación comercial de la Selección argentina en el exterior, un rol que se encuentra bajo la lupa judicial.
El foco de la causa está puesto en TourProdEnter, una firma de la cual Faroni es uno de los titulares. Según consta en la investigación, esta empresa habría administrado alrededor de 260 millones de dólares correspondientes a la AFA en el extranjero. De ese total, la Justicia sospecha que al menos 42 millones de dólares fueron desviados hacia un entramado de compañías que, según los investigadores, podrían ser empresas pantalla.
TourProdEnter fue inscripta en Miami y figura a nombre de Erica Gillette, esposa de Faroni, lo que refuerza el interés del juzgado en avanzar con las declaraciones de ambos. De acuerdo con las actuaciones, las maniobras se habrían instrumentado mediante contratos de explotación de derechos comerciales de la Selección argentina, firmados con empresas radicadas en distintos países.
Esos convenios habrían contado con el aval de la conducción de la AFA, encabezada por Tapia, junto a su tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino, quien también aparece mencionado en la causa aunque, por el momento, no fue citado a declarar.
La investigación dio un salto significativo esta semana tras una serie de allanamientos realizados en las sedes de la AFA, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el predio de Ezeiza. Durante los procedimientos, la Justicia encontró contratos y órdenes de pago que vinculan directamente al organismo con TourProdEnter.
Entre la documentación secuestrada figura un contrato mediante el cual la AFA habría transferido más de 1,2 millones de dólares a la empresa de Faroni, por un concepto que aún no fue aclarado públicamente. Además, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda del empresario, ubicada en un country de Nordelta, donde se incautaron dispositivos electrónicos y papeles considerados de interés para la causa.
Los documentos obtenidos permitieron identificar a cuatro firmas receptoras de los más de 42 millones de dólares investigados. Según el expediente, todas ellas estarían radicadas en Bariloche, figuran como monotributistas y presentarían una baja capacidad económica, un dato que encendió las alertas de los investigadores.
Ante estos indicios, el juez Armella resolvió levantar el secreto fiscal y bancario de las personas y empresas involucradas. La medida alcanza a Faroni, a Gillette y a los titulares de las firmas que recibieron los fondos, con el objetivo de seguir el rastro del dinero.
En su resolución, el magistrado explicó que la intención es “reconstruir la ruta del dinero, identificar a los beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”, una estrategia habitual en causas complejas vinculadas a presunto lavado de activos o desvío de fondos.
En ese marco, la Justicia también solicitó información a cuatro bancos de Estados Unidos, a través de mecanismos de cooperación internacional, para acceder a datos sobre movimientos financieros realizados fuera del país.
