El Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa horas decisivas en el Congreso de los Diputados. Este viernes se someterán a votación dos decretos vinculados con la vivienda, los alquileres, los desahucios y la protección de los inquilinos, en una sesión extraordinaria que mantiene abiertas varias incógnitas políticas.
Alerta para inquilinos: el Congreso define este viernes las nuevas medidas para los alquileres
El Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa horas decisivas en el Congreso de los Diputados. Este viernes se someterán a votación dos decretos vinculados con la vivienda, los alquileres, los desahucios y la protección de los inquilinos, en una sesión extraordinaria que mantiene abiertas varias incógnitas políticas.
El Ejecutivo socialista intensificó durante las últimas horas las conversaciones con las distintas fuerzas parlamentarias para intentar garantizar la convalidación de las dos normas. Sin embargo, el escenario se modificó durante la jornada después de que el PNV confirmara que respaldará uno de los decretos y rechazará el otro.
En este contexto, Junts vuelve a ocupar un lugar central en la negociación. La formación catalana mantiene abierta su posición y tiene previsto reunir a su dirección ejecutiva este jueves por la noche para definir qué hará en la votación.
También Coalición Canaria debe fijar su postura, por lo que el Gobierno todavía no tiene asegurado el resultado de las dos votaciones.
El paquete legislativo llega al Parlamento en medio de una fuerte presión social por el acceso a la vivienda. Durante los últimos días se produjeron acampadas y movilizaciones en distintas ciudades españolas, mientras organizaciones de inquilinos reclaman medidas para contener los alquileres y reforzar la protección frente a los desahucios.
La aritmética parlamentaria convierte a cada formación en una pieza relevante. Hasta el momento, PSOE, Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu respaldan las medidas, mientras que PP y Vox han anunciado su rechazo.
Podemos confirmó este jueves que sus cuatro diputados votarán a favor de ambos decretos. La decisión llegó después de que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas pidiera a la formación que respaldara las normas.
La formación, sin embargo, mantiene críticas sobre el alcance de las medidas. Ione Belarra consideró insuficientes algunas de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, pero sostuvo que su partido no quería convertirse en el motivo por el que los decretos no fueran aprobados.
ERC y EH Bildu también apoyarán los dos textos, mientras que el PSOE y el Gobierno defienden públicamente la necesidad de su convalidación.
Del otro lado, el Partido Popular anunció que votará en contra de ambos decretos. Desde la formación cuestionaron tanto su contenido como su técnica jurídica y sostuvieron que los textos podrían terminar provocando conflictos judiciales.
Vox también rechazará las dos iniciativas.
Una de las principales novedades de este jueves fue la definición del Partido Nacionalista Vasco.
El PNV anunció que dará un respaldo "crítico" al decreto que incorpora medidas como la protección frente a los desahucios, la regulación de determinados alquileres y otras iniciativas destinadas a ampliar la protección de los inquilinos.
Sin embargo, votará en contra del segundo decreto, que contempla un mecanismo de renovación automática de los contratos de alquiler. La formación vasca considera que esta fórmula puede generar efectos contraproducentes para los pequeños propietarios.
La decisión tiene consecuencias directas sobre la votación porque ambos decretos serán analizados por separado.
De esta manera, el primer texto aparece con un escenario parlamentario más definido, mientras que el segundo enfrenta una situación mucho más incierta.
La gran incógnita política continúa siendo Junts.
La formación catalana no ha confirmado todavía si votará a favor, en contra o si optará por la abstención. Su dirección ejecutiva tiene previsto reunirse este jueves por la noche para tomar una decisión.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, había expresado críticas hacia las medidas y había manifestado preocupación por el contenido de los decretos, aunque evitó anticipar el sentido definitivo del voto.
La situación es especialmente relevante porque, de acuerdo con la aritmética parlamentaria que se maneja antes del pleno, una abstención de Junts podría permitir la aprobación del primer decreto, mientras que el segundo enfrenta un panorama diferente debido al rechazo ya anunciado por el PNV.
Por eso, el Gobierno continúa negociando hasta las últimas horas antes de la sesión extraordinaria.
Otra formación que todavía no había cerrado su postura es Coalición Canaria.
La dirección del partido debía analizar este jueves el contenido de las normas y determinar el sentido de su voto. Su posición resulta especialmente relevante por la estrecha diferencia entre los bloques parlamentarios.
El presidente de Canarias y dirigente de la formación, Fernando Clavijo, había cuestionado previamente la forma en que el Gobierno impulsó las medidas y reclamó más tiempo para analizar su contenido.
Por el momento, el Ejecutivo mantiene las conversaciones abiertas con la formación canaria y con Junts.
El primero de los dos textos concentra buena parte de las medidas relacionadas con la protección de los inquilinos y el mercado de alquiler.
Una de las principales novedades consiste en la extensión de determinadas medidas de protección frente a los desahucios de personas y familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030.
También establece una prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
El paquete incorpora además medidas dirigidas al mercado inmobiliario y busca limitar determinadas operaciones consideradas especulativas. Entre ellas aparece una restricción temporal para la compra de viviendas por parte de determinados fondos de inversión.
Otro de los puntos centrales es la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, un segmento que en los últimos años adquirió una mayor presencia dentro del mercado inmobiliario español.
El decreto también plantea cambios fiscales para distintos actores del mercado.
Entre las medidas figuran deducciones para determinados inquilinos, beneficios fiscales para pequeños propietarios y una reducción del IVA aplicable a determinadas operaciones relacionadas con vivienda protegida.
Además, el Gobierno incluyó un mecanismo de financiación para facilitar el acceso a la primera vivienda, con préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros destinados a ayudar a afrontar la entrada necesaria para una hipoteca.
Otro de los aspectos que aparece dentro del paquete está relacionado con la evolución de las rentas.
El Gobierno plantea mantener límites a las actualizaciones de determinados contratos hasta finales de 2027, con distintos topes dependiendo de las condiciones previstas en la norma.
La intención oficial es evitar aumentos abruptos de los alquileres en un escenario de fuerte presión sobre los precios de la vivienda.
La cuestión, sin embargo, genera diferencias entre las fuerzas políticas y entre los distintos actores del sector inmobiliario.
Mientras las organizaciones de inquilinos reclaman mayores mecanismos de protección, representantes de propietarios y empresas inmobiliarias advierten sobre los posibles efectos de una regulación más estricta.
El segundo texto es el que genera una mayor división parlamentaria.
La iniciativa establece un mecanismo mediante el cual, una vez cumplido el período inicial del contrato, el alquiler podría prolongarse automáticamente durante períodos sucesivos.
El esquema contempla cinco años cuando el propietario es una persona física y siete años cuando se trata de una persona jurídica, según las condiciones previstas.
También fija nuevos plazos de preaviso. El propietario debería comunicar determinadas decisiones con seis meses de antelación, mientras que el inquilino tendría un plazo de dos meses en los supuestos contemplados.
La norma también introduce mecanismos de compensación económica en determinadas situaciones de finalización anticipada o no justificada del contrato.
En los casos en los que corresponda una indemnización, el texto establece referencias vinculadas con las mensualidades abonadas y el tiempo de permanencia del inquilino.
El segundo decreto también incorpora disposiciones específicas para las denominadas zonas tensionadas.
En estos territorios, determinados inquilinos podrían acceder a prórrogas extraordinarias de hasta tres años, mientras que las personas consideradas vulnerables contarían con mecanismos adicionales de protección.
El objetivo declarado por el Ejecutivo es proporcionar una mayor estabilidad a quienes viven de alquiler y reducir la posibilidad de que una finalización contractual implique una pérdida inmediata de la vivienda.
Este punto es uno de los que genera mayores diferencias entre el Gobierno y algunas fuerzas políticas, especialmente aquellas que consideran que una prolongación obligatoria puede afectar a los pequeños propietarios.
Ante la incertidumbre parlamentaria, Pedro Sánchez decidió elevar la presión política durante las horas previas a la votación.
El presidente difundió un mensaje en redes sociales en el que reclamó a los grupos parlamentarios que definan su posición ante las normas.
Sánchez planteó la votación como una decisión entre proteger a quienes viven en una vivienda y defender determinados intereses económicos vinculados al mercado inmobiliario.
El Ejecutivo insiste en que las medidas responden a una demanda social que se hizo visible durante las últimas semanas con las movilizaciones y acampadas de organizaciones de inquilinos.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también reconoció que las medidas no pueden satisfacer todas las demandas de las fuerzas políticas y defendió la necesidad de avanzar pese a las diferencias existentes.
Mientras el Gobierno defiende los decretos como una herramienta para reforzar la protección de los inquilinos, el sector inmobiliario plantea una lectura diferente.
La asociación de promotores y constructores de Madrid Asprima reclamó que el Congreso no convalide las medidas y sostuvo que podrían aumentar la incertidumbre jurídica y afectar las decisiones de inversión.
La entidad aseguró que determinadas operaciones destinadas a desarrollar vivienda de alquiler asequible se habrían paralizado tras conocerse las nuevas propuestas.
El argumento central de los promotores es que el mercado necesita aumentar la oferta disponible y que determinadas regulaciones podrían dificultar la construcción y promoción de nuevos proyectos.
Desde la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) también alertaron sobre las consecuencias que podría tener una reducción de la oferta de viviendas disponibles para alquilar.
El debate, por lo tanto, no se limita a la protección de los inquilinos. También incluye una discusión sobre cómo aumentar el número de viviendas disponibles, qué papel deben desempeñar los propietarios particulares y qué mecanismos pueden utilizarse para contener los precios.
El pleno extraordinario del Congreso se celebrará este viernes con dos votaciones diferenciadas.
El primer decreto llega con un panorama parlamentario más favorable después de la confirmación del apoyo de Podemos y del PNV, aunque todavía necesita despejar las posiciones de Junts y Coalición Canaria.
El segundo enfrenta un escenario más complejo después de que el PNV confirmara su rechazo.
En paralelo, el PP y Vox mantienen su oposición, mientras que PSOE, Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu respaldan las iniciativas.
La decisión de Junts será observada especialmente de cerca durante las próximas horas.
Más allá de la negociación parlamentaria, los decretos abren un debate de fondo sobre el acceso a la vivienda en España: la duración de los alquileres, la protección ante los desahucios, la oferta disponible, la inversión inmobiliaria, los alquileres temporales y el papel de los pequeños propietarios.
La votación de este viernes permitirá conocer hasta dónde llegan las medidas impulsadas por el Gobierno y cuáles de las propuestas finalmente consiguen respaldo parlamentario.
Por ahora, el escenario continúa abierto y las últimas negociaciones se desarrollan con el Congreso a pocas horas de definir el futuro inmediato de estas dos normas de vivienda.
