Marco Rubio, secretario de Estado, aseguró que Washington mantendrá una “vigilancia constante” sobre la transición política y no descartó nuevas sanciones si el rumbo no satisface a la Casa Blanca.
Estados Unidos advirtió que trabajará con los actuales líderes de Venezuela "si toman las decisiones adecuadas"
Tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una prisión federal en Estados Unidos, el gobierno norteamericano fijó este domingo su postura frente al nuevo escenario político en Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington está dispuesto a trabajar con los actuales líderes del país caribeño, aunque dejó en claro que cualquier acercamiento dependerá exclusivamente de las decisiones que adopte la nueva conducción en Caracas.
Durante una entrevista con la cadena CBS News, el funcionario subrayó que Estados Unidos mantendrá una “postura de vigilancia constante” sobre el proceso de transición abierto tras el operativo militar del sábado, que derivó en la detención del líder chavista.
“Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, sostuvo Rubio, al trazar la hoja de ruta de la administración de Donald Trump frente al futuro inmediato de Venezuela. Si bien evitó precisar acuerdos concretos, fue contundente al advertir que un eventual incumplimiento de las expectativas estadounidenses tendrá consecuencias directas.
“Si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión”, añadió, en alusión a la continuidad de sanciones económicas, restricciones diplomáticas y presencia operativa en la región.
Las declaraciones se producen en medio de una profunda reconfiguración del poder en Venezuela. En las últimas horas, el Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, tras la salida forzada de Maduro y su traslado a Nueva York, donde enfrentará cargos federales.
Desde Washington, el mensaje es claro: el respaldo internacional dependerá del rumbo político que adopte el nuevo mando. La Casa Blanca busca evitar un vacío de poder prolongado y garantizar una transición que, según sus propios términos, avance hacia criterios de “justicia y libertad”, bajo la amenaza latente de endurecer el aislamiento económico y diplomático si el proceso no cumple con esos lineamientos.
