Tras el fracaso de la ley Ómnibus, Milei ordenó cortar el diálogo con los gobernadores de JxC a los que acusa de "traidores". A la crisis política se suma la crisis social en aumento por la inflación y todos apuntan al Ministerio de Capital Humano. Gobernadores hablan de "parálisis de la gestión" nacional.
Javier Milei ordenó a sus ministros que cumplan la advertencia de secar de fondos a los gobernadores porque no apoyaron la Ley Ómnibus. (Foto: archivo)
Mientras el Gobierno cierra filas alrededor de la estrategia de Javier Milei para sacar recursos a provincias, municipios y organizaciones sociales opositoras, en el marco del ajuste de la política para llegar a déficit cero, los gobernadores denunciaron ahora que, durante el 2024, el presidente cumplió con esa intención, y piden retomar el diálogo por la coparticipación de impuestos, algo que el Gobierno puso como moneda de cambio y dice no tener apuro.
También denuncian una "parálisis de la gestión" de Milei, en distintos ámbitos, desde la política social, con una caída de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, hasta en las obras públicas en curso, como las transferencias de coparticipación federal a las provincias, que ponen en riesgo los servicios de educación, salud y seguridad en el interior del país.
Por su parte, el Gobierno insiste en presionar con esa fórmula a los gobernadores para que apoyen la ley Ómnibus y las facultades delegadas al Presidente, para avanzar en la reforma del Estado.
Si bien en las últimas horas abrió una rendija en la puerta del diálogo por la ley Ómnibus entre los bloques del oficialismo y la oposición dialoguista, el Gobierno sigue presionando para que no le modifiquen las facultades delegadas y las privatizaciones.
En efecto, Javier Milei ordenó a sus ministros que cumplan la advertencia de secar de fondos a los gobernadores porque no apoyaron la ley Ómnibus, ya que pese a los acuerdos previos alcanzados, rechazaron la delegación de facultades y las privatizaciones. También apuesta a postergar la convocatoria para discutir un nuevo pacto fiscal y analizar la coparticipación de impuestos en medio de la crisis.
El primero en acusar de traidores a los gobernadores del PRO, la UCR y la CC fue su principal interlocutor del Gobierno, el ministro de Interior, Guillermo Francos. Una vez caída la ley en Diputados, se acercó a la sala de periodistas de la Casa Rosada y denunció, ante los medios acreditados permanentes, que el Gobierno sufrió un golpe de parte de los mandatarios provinciales.
Francos señaló a los gobernadores de "no cumplir acuerdos en la práctica. Quienes apoyaron en general el proyecto no mantuvieron su voto durante el tratamiento en particular. Esperábamos que se aprueben las delegaciones de facultades, como se ha hecho en todos los gobiernos anteriores".
Francos insistió que desde el Gobierno "no tenemos nada que discutir en materia fiscal" y anticipó la decisión de Milei de evaluar la posibilidad de seguir gobernando sin el Congreso, a través de DNU y plebiscitos.
"Seguiremos gobernando con los elementos que tenemos y lo mismo harán los gobernadores. El tratamiento de una reforma fiscal estaba sujeto a la aprobación de la Ley", dijo.
De esta manera, denuncia "una intención de obstruir la acción del Gobierno. Fíjense qué sectores votaron junto a Unión por la Patria para obstruir al Gobierno nacional".
Y se quejó: "¿De qué sirve declarar una emergencia si luego no brindan los instrumentos para lidiar con ella? Lo que le dieron a todos los Gobiernos anteriores se lo niegan al presidente Milei", se quejó Francos.
Del lado de los gobernadores de Juntos por el Cambio, respondieron con un comunicado difundido por uno de sus interlocutores, el gobernador de Entre Ríos, y exministro del Interior, Rogelio Frigerio.
"Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, junto a los diputados nacionales que representan a los ciudadanos de las diferentes provincias que gobernamos, acompañamos el paquete de emergencias y facultades pedidas por el gobierno Nacional. Cumplimos el compromiso asumido públicamente de ayudar al Gobierno. No corresponde entonces que nos responsabilicen a todos por igual, ni que nos falten el respeto, aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la Ley Bases", señaló el comunicado.
Pero en privado, los mandatarios del PRO y de la UCR coinciden con la oposición peronista de UxP en señalar que el Gobierno les recortó de hecho todas las transferencias este año, y denuncian animosidad de la administración central por la falta de gestión, falta de ejecución de partidas de los ministerios.
Consultado por A24.com, un gobernador de JxC reconoció que "desde diciembre todas las transferencias de Nación están cortadas. Cerapio", ironizó. Pero, además, se quejó porque "las obras, todas paradas y la ejecución presupuestaria de los Ministerios es cero. La gestión, totalmente en pausa".
En esa misma línea tuiteó un diputado albertista de Entre Ríos: "MILEI A ENTRE RIOS: CERO. De $48 mil millones a CERO. No hubo transferencias no automáticas de Nación a Entre Ríos en 2024. Cuando el Presidente dice “voy a dejar sin un peso a los Gobernadores” afecta a maestros, enfermeros, médicos, policías entrerrianos.
En la misma pelea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en conferencia de prensa en Casa Rosada que el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió suspender una reunión que tenía prevista para este miércoles con uno de los gobernadores de la UCR dentro de JxC, el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, otro de los críticos de la ley Ómnibus, para definir cuestiones de gestión.
Los gobernadores dicen que van a esperar a que el gobierno los convoque para la semana que viene a empezar a discutir un nuevo pacto fiscal, y definir la coparticipación de impuestos, pero desde la Casa Rosada avisaron que no tienen apuro para hacerlo, ya que eso estaba atado a la aprobación de la ley.
"Nosotros queremos la ley que presentamos. No la que quieren acomodar ellos. Vamos a estar más firmes. Menos concesiones. O es la ley que pedimos, o no será. Ellos son los que más necesitan la reforma fiscal", señalaron fuentes del Gobierno nacional.
En ese clima de fuerte tensión, en la Casa Rosada también ponían en duda que Milei inaugure, frente a los legisladores en la Asamblea Legislativa, la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo.
Otra de las polémicas que se vio obligado a salir a aclarar el Gobierno esta semana fue la situación de la política social que encara el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Luego de un duro documento de la Iglesia católica reclamando que "la comida no sea una variable de ajuste" y protestas de organizaciones sociales, la ministra intimó a los que tienen hambre que hagan fila en la puerta del ministerio, que los iba a atender uno por uno, para comprobar que tienen necesidades y aislar a los dirigentes que son "gerentes de la pobreza".
Las organizaciones sociales le respondieron a la ministra enviando a una ola de personas a cargo de los comedores comunitarios y terminó con largas filas frente al Ministerio de Capital Humano, lo que dejó descolocado al Gobierno. Por eso salió a explicar el vocero presidencial que la ministra no los iba a recibir, porque no los había convocado.
Luego también aclaró los cambios que Milei y Pettovello encaran para sacar del medio a los "intermediarios de los beneficios sociales", y abrieron un teléfono 0800 222 3294 y un mail ([email protected]) para que la gente que tiene necesidades alimentarias por la crisis, se anote para recibir no ya alimentos secos, como sucedía en los comedores, sino dinero para comprar alimentos a través de la tarjeta alimentar.
Consultado sobre cómo prevé ordenar los planes sociales y los comedores que denuncian no haber recibido más alimentos y no poder cocinar a las familias indigentes, que son cada vez más, a partir de la disparada de la inflación en diciembre, desde la Casa Rosada difundieron un informe del Ministerio de Capital Humano donde se explica que ahora "todos los comedores que están inscriptos y auditados están recibiendo transferencias".
"Esa transferencia de dinero es para que puedan comprar alimentos frescos. Leche, fruta, verdura y los chicos no se alimenten solo con secos como arroz, fideos y polenta", detallaron las fuentes consultadas por A24.com.
"Todos los comedores que QUIERAN inscribirse y QUIERAN auditarse, van a recibir dinero", aclararon.
En cuanto al monto que reciben, en el Gobierno explicaron que "tiene que ver con la cantidad de gente que vaya los comedores"; y señalaron que "no reciben todos el mismo monto porque no es lo mismo, un comedor para 75 personas, que uno para 220".
"Ellos compran, reportan el ticket de la compra. Vemos de manera transparente qué compraron, cuánto compraron y cuánto gastaron. El objetivo es que la ayuda, que se hace con el dinero de la gente, se lleve a cabo de una manera transparente".
En ese marco, la nueva disposición del Gobierno es que "los comedores deben enviar la nómina de gente que va (Nombre, apellido y DNI)".
Sin embargo, desde las organizaciones sociales opositoras cuestionaron la doble vara de la ministra que, mientras prometía terminar con los intermediarios, firmaba convenios con organizaciones religiosas evangélicas para la entrega de alimentos directamente.
La crisis social será también uno de los ejes del encuentro que Milei y Pettovello tendrán el próximo 12 de febrero en el Vaticano con el Papa Francisco.