Aldo Roggio sintió crujir el sistema. Por primera vez fue indagado como “pope” de la construcción por la causa de los “Cuadernos K”. Sorprendió, la semana pasada, que el vendaval lo alcanzara, y sorprendió también que él mismo se adelantara y apareciera en Comodoro Py para negociar una salida como “arrepentido”. Después de tres citas con el juez Claudio Bonadio, lo logró. Y este jueves debió renunciar a sus empresas.
Se supieron cuáles fueron algunos de sus aportes a la investigación. Primero admitió “pagos aislados” por cerca de 100 mil dólares por “presión del sector político". Pero hablaba de los supuestos aportes a la campaña, una versión extendida entre los empresarios imputados que el propio Carlos Wagner pulverizó. No alcanzó, y por eso tuvo que revelar el sistema de pago de coimas al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Como uno de los más beneficiados con la obra pública y el transporte, el Grupo Roggio controla Metrovías, la firma que administra el subte en Buenos Aires, lo que lo vincula, al menos en la formalidad, al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Pero los límites no se quedan ahí: también maneja Cliba, la empresa del servicio de recolección de basura de la Ciudad.
El Grupo Roggio tiene 110 años de antigüedad, y durante el kirchnerismo ganó licitaciones importantes como las extensiones de las líneas E y D del subte; tramos de la Autopista Córdoba-Villa María y la planta potabilizadora de Tigre, entre muchas otras.
De hecho, el empresario está procesado por haber ganado, junto con Odebrecht, Supercemento y José Cartellone, la licitación de esa planta potabilizadora de Aysa con un valor presuntamente de un 25% mayor al establecido.
Nieto de Benito Roggio, el empresario fue titular de la Cámara Argentina de la Construcción entre 1996 y 1999. Otra característica que lo une a Wagner.
