Los plazos, el costo y el riesgo de alterar el calendario electoral
En su análisis, el fiscal repasó los informes técnicos del Correo Argentino, la Dirección Nacional Electoral (DINE) y la Secretaría Electoral de la provincia de Buenos Aires, que coinciden en un punto: ya no hay margen de tiempo para iniciar nuevamente el proceso de impresión, encuadernado, escaneo, control y distribución de las boletas únicas de papel.
Según detalló, el 11 de octubre fue la última fecha operativa para enviar los archivos a imprenta, y los tiempos establecidos por el Código Electoral Nacional ya fueron cumplidos.
“Retrotraer el avanzado cronograma electoral para evitar una probable confusión en una sola agrupación es técnicamente inviable. Pero cuando el riesgo es comprometer la elección misma, la conclusión es forzosa”, advirtió el fiscal.
Además, el dictamen recordó que la reimpresión implicaría un gasto público de $12.169 millones, monto que el Estado debería destinar para volver a imprimir, empaquetar y distribuir los 40.000 talonarios de boletas que ya se encuentran listos para su traslado.
La Junta Electoral Nacional del Distrito Buenos Aires había rechazado la semana pasada el pedido de LLA precisamente por esa razón, argumentando que “preservar la estabilidad del calendario electoral y la certeza del voto” es prioridad absoluta.
“La modificación solicitada, además de ser materialmente imposible, contradice los plazos y etapas perentorias fijadas por la ley electoral”, sostuvieron los jueces Alejo Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo y Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense.
El dictamen del fiscal Ramiro González
El documento de 14 páginas presentado por el fiscal González pone el acento en un concepto clave: la imposibilidad fáctica.
“Reimprimir la Boleta Única Papel trasladaría el conflicto interno de una agrupación al riesgo del acto electoral mismo. No es posible cumplir con los procedimientos de ley, aprobar un nuevo modelo, imprimir, controlar y distribuir en tan corto plazo”, sostuvo.
El representante del Ministerio Público Fiscal también remarcó que la Junta Electoral no cuenta con la fotografía oficial de Santilli, lo que impediría incluso realizar la prueba de impresión y la validación del diseño final, tal como exige la normativa vigente.
“El día 11 de octubre era el último para aprobar los modelos. A partir de esa fecha se inició la cadena de control y sellado que ya está en marcha”, precisó.
Por eso, González recomendó mantener la boleta vigente, que aún lleva la imagen de José Luis Espert, pese a su renuncia.
La decisión final, sin embargo, deberá ser tomada por la Cámara Nacional Electoral, que podría pronunciarse esta misma semana.
La renuncia de Espert y la disputa por su reemplazo
El conflicto comenzó días atrás, cuando José Luis Espert presentó su renuncia como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza luego de que salieran a la luz transferencias de dinero de origen sospechoso vinculadas a un empresario del rubro aeronáutico investigado por narcotráfico.
El oficialismo impulsó entonces que Diego Santilli, aliado político de Javier Milei dentro del espacio liberal, asumiera como cabeza de lista, argumentando que su incorporación fortalecería el perfil moderado del frente en territorio bonaerense.
Sin embargo, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla determinó en primera instancia que la sustitución debía recaer en Karen Reichardt, segunda candidata en la nómina original.
Esa decisión fue apelada, y la Cámara Nacional Electoral finalmente falló a favor del Ejecutivo, habilitando la candidatura de Santilli.
El nuevo problema surgió cuando La Libertad Avanza exigió reimprimir las boletas con la imagen del diputado, algo que para la Junta y el fiscal es materialmente inviable.