Tras los rechazos a los vetos y la ratificación de los proyectos originales, el Gobierno suspendió la aplicación hasta que el Congreso asigne fondos específicos en el presupuesto nacional, tal como sucedió con la Emergencia en Discapacidad.
El Gobierno promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergó su aplicación
El Gobierno nacional promulgó este martes dos leyes clave: la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y una recomposición salarial para el personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica y de residencias médicas en todo el país por el término de un año.
Sin embargo, la aplicación de ambas normas quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
La medida, oficializada a través de los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados en el Boletín Oficial, replica lo ocurrido hace un mes con la Ley de Emergencia en Discapacidad, también frenada por razones fiscales.
En los considerandos de los decretos, el Poder Ejecutivo justificó la decisión en el impacto fiscal que tendría la implementación de ambas leyes sobre las cuentas públicas.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pese al veto presidencial, prevé la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales cada dos meses, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
El texto oficial detalla que, entre mayo y diciembre de 2024, la inflación acumulada fue del 34,89 %, lo que implicaría un costo adicional estimado de $123.358 millones para el ejercicio en curso.
De aplicarse plenamente, el Gobierno calcula que el gasto total ascendería a $1,06 billones en 2025 y $2 billones en 2026.
Otro de los puntos centrales de la ley es la recomposición salarial del personal docente y no docente. El texto ordena que los sueldos se actualicen en un porcentaje no inferior al IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.
Según el análisis del Ejecutivo, en ese período los salarios subieron 128,49%, mientras que la inflación acumulada fue de 220,45%. Para compensar esa diferencia, debería otorgarse un incremento del 40,25% sobre los básicos liquidados en julio de 2025.
A esto se suma la incorporación de sumas no remunerativas al salario básico, lo que representaría un aumento adicional del 37,55% para el personal no docente de ciertas categorías. El costo de esa medida se estima en $179.000 millones en 2025 y $490.000 millones en 2026.
Además, la ley contempla la actualización automática de las becas estudiantiles. El Gobierno calcula que cumplir con esa cláusula implicaría $72.840 millones adicionales para las Becas Manuel Belgrano y $76.614 millones para las Becas Progresar.
La Ley de Emergencia Pediátrica, impulsada por el Congreso con el Hospital Garrahan como emblema, busca garantizar el acceso a servicios de salud infantil, reforzar hospitales públicos pediátricos y fortalecer las residencias médicas.
Entre sus medidas más relevantes, dispone prioridad en la asignación de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial. También establece la recomposición inmediata de los salarios del personal pediátrico y la exención del Impuesto a las Ganancias para quienes realicen horas extras y guardias en efectores públicos y privados.
El decreto advierte que el costo fiscal estimado asciende a $196.270 millones, cifra que supera ampliamente la capacidad presupuestaria del Ministerio de Salud, que ya presenta un déficit de $102.400 millones.
Según el Ejecutivo, destinar fondos de esa magnitud “equivaldría al 30% del total de subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria, y al 60 % del presupuesto destinado a prevención de VIH-Sida”.
En septiembre, el presidente Javier Milei había vetado el proyecto de emergencia pediátrica, al considerar que el Congreso “pretendía impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, generaba un aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.
El texto oficial advertía que, sin fuentes de financiamiento claras, la aplicación de la ley derivaría en “el deterioro del sistema sanitario, la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los mismos sectores que se pretende proteger”.
Pese a esos argumentos, el Congreso rechazó ambos vetos a comienzos de octubre, forzando al Ejecutivo a promulgar las leyes. Sin embargo, el Gobierno decidió postergar su implementación hasta que se incorporen las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.
