La causa que investiga el viaje a Lago Escondido del ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires -ahora de licencia- Marcelo D’Alesandro, con un fiscal, jueces y empresarios, podría terminar en los Tribunales de Comodoro Py. La Cámara Federal de Apelaciones resolverá en febrero el planteo de uno de los imputados, el juez Pablo Yadarola, quien solicitó la inhibitoria de las actuaciones que se llevan adelante en el juzgado federal de Bariloche, a cargo de Silvina Domínguez.
Al respecto, el fiscal general José Luis Agüero Iturbe opinó que no corresponde que las actuaciones dependan de la justicia patagónica, porque no fue allí donde se cometió el supuesto delito. Aplicó la regla “forum delicti comissi”, porque entendió que “la determinación del juez natural y competente para intervenir en un trámite judicial es aquel que ejerce su jurisdicción en el espacio físico (territorio) donde se cometió el delito”.
En su argumentación, Agüero Iturbe señaló que el presunto incumplimiento se habría concretado en jurisdicción de Buenos Aires, por lo que advirtió que “en modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados”.
Según consta en el expediente, la denuncia fue efectuada sobre la base de una publicación periodística, que describe “un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad (Bariloche) con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara” (el británico Joe Lewis). Esa presentación incluía como hipótesis delictiva “que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas “al contado” e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios”.
La causa por el viaje a Lago Escondido investiga los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádivas, a partir de la denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, y la intervención de la fiscal federal María Cándida Etchepare.
En el expediente aparecen imputados el ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; los jueces Julian Ercolini, Pablo Yadarola, y Pablo Cayssials; el ex funcionario del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), Leonardo Bergroth; y los empresarios Tomás Reinke, Pablo César Casey y Jorge Rendo.
Por el momento no hubo llamado a indagatorias, pues aún el caso se encuentra en etapa inicial. La fiscalía tomó declaración testimonial al administrador de la estancia Lago Escondido, Nicolás Van Ditmar; quien entregó los comprobantes de pago del alojamiento por parte de los huéspedes.
Por otro lado, la empresa aérea Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. -cuyo nombre de fantasía es Flyzar- aportó las facturas del traslado de los viajeros desde el aeródromo de San Fernando hasta Bariloche.
En tanto, la jueza allanó el establecimiento Lago Escondido y los hangares de la empresa aérea buscando más documentación.
El denunciante Hertzriken Velasco, le dijo a A24.com que el 1° de febrero se presentará a primera hora ante la Cámara Federal de General Roca, en la provincia de Río Negro, para pedir a los jueces resuelvan si lo aceptan o no como querellante.
A su vez, asistirá al juzgado federal de Bariloche porque quiere ver que pasa con la causa pues no ve “que el fuero federal tenga mucho ánimo de investigarse a sí mismo”.
Precisamente, el Ministerio de Justicia de la Nación, por instrucción del presidente Alberto Fernández, también había denunciado al grupo que viajó a Lago Escondido, tras la filtración de un supuesto chat de Telegram de un grupo denominado “los Huemules”, del que formarían parte todos los imputados.
Mientras se discute el traslado de la causa a Comodoro Py, en Bariloche se vienen cambios en el juzgado federal, porque la jueza Silvina Domínguez inició los trámites para su jubilación. La reemplazará el titular del Juzgado Federal N°2 de Neuquén, Gustavo Villanueva.
En cuanto a la fiscal Etchepare, está a punto de iniciar una licencia por maternidad, por lo que también deberán designar un suplente.
