En la Casa Rosada ya diseñan la nueva reforma del Estado que, de aprobarse en el Senado, implicaría cientos de cierres y de despidos.
Javier Milei ya diseña con su equipo de Gabinete la reforma del estado que aplicará si el Senado aprueba la Ley Bases.
El presidente Javier Milei consiguió los votos de legisladores propios y aliados para lograr la media sanción de la "delegación de facultades por un año" que ahora deberá pasar por el Senado, y ya se prepara para avanzar en una inédita reforma del Estado que implicará no solo una profundización del ajuste fiscal con la eliminación, fusión y privatización de decenas de organismos y empresas públicas, sino también el consecuente despido de miles de empleados estatales.
En la Casa Rosada estaban exultantes tras la votación con la que este martes, luego de más de 24 horas corridas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó la reforma del Estado incluida en la Ley Bases, por 135 votos a favor, 116 negativos y dos abstenciones, incluido el capítulo de privatizaciones de empresas públicas, por 138 votos a favor, 111 en contra y dos abstenciones.
La delegación de facultades al presidente Javier Milei incluida en la Ley Bases, tuvo 134 votos positivos, 117 negativos y una abstención.
El proyecto -que ahora deberá pasar por el debate en el Senado, donde el Gobierno admite que la tiene más difícil- declara "la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año".
Además delega en el Poder Ejecutivo nacional "las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia" y lo compromete a informar mensualmente y en forma detallada al Congreso acerca del "ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos", incluye el proyecto.
En el Título II, Capítulo I la ley Bases establece una gama de normas relacionadas a la "Reorganización administrativa" y la "reforma del Estado".
En el artículo 2, establece como bases de las delegaciones legislativas de Milei los siguientes puntos:
En el artículo 3 se "faculta al Poder Ejecutivo nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada:
El Poder Ejecutivo nacional "no podrá disponer la disolución" de los siguientes organismos:
La Cámara de Diputados aprobó la normativa que habilita la posible privatización de cuatro empresas públicas, entre ellas, Aerolíneas Argentinas, los medios públicos como Radio Nacional y la TV pública, Energía Argentina S.A. e Intercargo.
En el artículo 5 se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a "modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las reglas vigentes y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable.
En ese estado de situación están hoy las más de 40 empresas del Estado que comenzarán con el proceso de "saneamiento" para la transformación en Sociedades Anónimas, previo a la decisión sobre su destino final.
Sin embargo, tras negociar más de 2 meses con la oposición, la lista de privatizaciones original que era de 40 empresas y organismos, se terminó reduciendo por ahora, dejando afuera, por ejemplo, al Banco Nación. Lo que no significa que Milei insista en incluirlas más adelante, después de las elecciones legislativas de 2025, cuando impulse más de 3000 nuevas reformas, según el mismo anticipó.
Además, serán sujetas a concesión privada otras cinco empresas del Estado:
El Gobierno ya empezó la reestructuración de todos los organismos y cargos en el Estado, desde que en enero de 2024 a menos de un mes de asumir, firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 que además de desregular toda la economía y los precios, estableció el cierre de numerosos organismos y empresas estatales como la Agencia de Noticias Telam o el INADI, que en su conformación no requerían de la autorización por ley.
Si bien fue rechazado en el Senado, donde el peronismo tiene mayoría, para que el DNU caiga debe ser rechazado por ambas cámaras y el oficialismo logró por ahora sostenerlo en Diputados.
Milei habla de un plan de reformas por etapas.
La primera fue la del DNU con 336 artículos, desreguló la economía y administrativamente impulsó una reforma del Estado que empezó con la baja de unos 7000 empleados contratados en el último año del gobierno de Alberto Fernández, continuó en marzo con la baja de otros 15.000 contratos de estatales que quedaron sin funciones tras el cierre o fusión de la mitad de ministerios y secretarías del Estado.
Milei redujo de 21 a 9 ministerios, y a la mitad de secretarías y subsecretarías, con fuerte centralidad de funciones de sus dos principales laderos: su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Ahora, si el Senado le da sanción definitiva a la Ley Bases, el Poder Ejecutivo tendrá las manos libres para eliminar o fusionar más de 40 organismos desconcentrados y avanzará en lo que denomina reformas de segunda generación.
Entre ellos, el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro Cultural Kirchner o la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, INDEC), de otros 74 descentralizados (entre ellos Administración de Parques Nacionales, AFIP, ANAC, ANSES) y otros 64 entes del sector público nacional.
Entre estos últimos figuran la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Administración Nacional de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AYSA, Administración de la Cuenca Matanza Riachuelo).
Solo por mencionar algunos de los organismos que forman parte hoy de la Administración Pública Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados a los que Milei podrá reestructurar en el marco de las facultades delegadas por el Congreso durante 1 año.
Según señaló una fuente cercana al presidente a A24.com, el tamaño que tendrá el Estado después de estas reformas son cosas que manejará el propio Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien tiene a su cargo el diseño del nuevo organigrama o mapa del Estado nacional.
En las privatizaciones y fusiones o eliminación de organismos también figuran la administración y venta de los bienes inmuebles de esas empresas, algo que Milei anticipó ya en su campaña electoral.
"Todavía no hay nada definitivo, será paso a paso, no se puede eliminar organismos de un día para el otro, va a ser un proceso en el tiempo. Ahora esperamos que la ley sea sancionada en el Senado.
En principio ya está subido a la página web de la Jefatura de Gabinete nacional el nuevo organigrama del Estado. "No existe hoy un número concreto sobre los despidos masivos. Cada área define, con base en la funcionalidad y capacidad de los empleados", admitió una alta fuente del Gobierno consultada por A24.com
Cómo se definirán los despidos desde las cuestiones legales, en algunos casos si corresponde pagar indemnización y en otros no, es otro problema que admite el Gobierno no solo por la erogación de fondos que implicará, sino también por la oleada de juicios contra el Estado que podrían generar.