Javier Milei y ANSES confirmaron la noticia que todos los jubilados estaban esperando de cara a Julio 2025. Estas modificaciones surgen de la aplicación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
ANSES: aumento jubilados julio 2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció de manera oficial las cifras actualizadas que regirán para jubilados, pensionados y titulares de programas sociales a partir de julio de 2025. Estas modificaciones surgen de la aplicación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que comenzó a regir en abril y que se basa exclusivamente en la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El organismo que encabeza la gestión previsional de millones de argentinos informó los nuevos valores, que reflejan un incremento del 1,5 %, correspondiente a la inflación de mayo, en línea con el mecanismo de ajuste aprobado por el Gobierno nacional. A pesar del aumento, distintas asociaciones de jubilados ya advirtieron que los incrementos continúan quedando rezagados frente al avance del costo de vida.
Para los jubilados que perciben el haber mínimo, el ingreso bruto pasará de $ 304.723,93 en junio a $ 309.294,79 en julio, lo que representa un aumento del 1,5 %. Este monto se complementa con el bono extraordinario de $ 70.000, que se mantiene como refuerzo para los sectores más vulnerables del sistema previsional. De esta forma, el total bruto alcanzará los $ 379.294,79.
Sin embargo, una vez aplicados los descuentos correspondientes —como obra social y aportes— el haber neto estimado se ubicará en torno a los $ 370.154. Este bono, que no se ajusta automáticamente por inflación, ha generado preocupación porque su poder adquisitivo se deteriora mes a mes, a medida que el alza de precios erosiona los ingresos reales.
Distintas voces dentro del sector previsional advierten que, si bien el bono funciona como un paliativo, no constituye una solución estructural para la pérdida de poder de compra que sufren los haberes jubilatorios desde hace varios años.
En el extremo superior de la escala previsional, los jubilados que cobran el haber máximo también percibirán un ajuste. En julio, el ingreso bruto subirá de $ 2.050.503,62 a $ 2.081.261,17, manteniéndose así en línea con la variación del IPC.
Además, los jubilados con 30 años de aportes efectivos y sin necesidad de moratorias continúan recibiendo un plus adicional, como reconocimiento a la trayectoria laboral completa. Este adicional es una de las pocas variables del sistema que se mantiene fija y diferenciada, en un contexto de constante revisión de los beneficios.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también se verá alcanzada por el aumento del 1,5 %. De este modo, el monto bruto pasará a ser de $ 247.435,83, cifra que se incrementa con el bono de $ 70.000, llevando el total a $ 317.435,83. Esta pensión, dirigida a personas mayores de 65 años sin cobertura previsional, sigue representando una herramienta clave para combatir la indigencia en la vejez, aunque su monto continúa por debajo de la línea de pobreza establecida por los organismos oficiales de estadística.
Por su parte, las pensiones no contributivas (por invalidez y madre de siete hijos, entre otras) también reciben el ajuste mensual, en la misma proporción que las demás prestaciones.
El anuncio de ANSES también incluyó las actualizaciones para las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficios que alcanzan a millones de niños y adolescentes en todo el país. Según lo informado:
La AUH por hijo menor se ubicará en $ 111.140.
La AUH por hijo con discapacidad ascenderá a $ 361.893,12.
Estos incrementos buscan, en principio, mitigar el impacto de la inflación sobre los ingresos de las familias más vulnerables. No obstante, desde organizaciones sociales y de defensa de los derechos de la infancia señalan que los ajustes resultan insuficientes frente a la aceleración de los precios de alimentos y productos básicos.
Las asignaciones familiares correspondientes a trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos también se ajustan según la fórmula vigente, aunque persisten los reclamos por una actualización que contemple las particularidades regionales y los costos diferenciados de vida en distintas zonas del país.
Uno de los puntos que más inquieta tanto a los beneficiarios como a los analistas es el futuro del bono extraordinario de $ 70.000, que hasta el momento se renueva mes a mes por decreto del Poder Ejecutivo. No hay anuncios oficiales sobre su continuidad durante el segundo semestre de 2025, aunque todo indica que podría seguir vigente como mecanismo de compensación frente al alza de los precios.
El Gobierno no ha informado si analiza alternativas al bono, como un posible incremento más significativo en los haberes o la implementación de otras medidas estructurales para recomponer el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Mientras tanto, el refuerzo sigue funcionando como un recurso transitorio, con un impacto que se reduce en términos reales a medida que pasa el tiempo.
Organizaciones de jubilados, sindicatos y expertos previsionales han manifestado su preocupación por lo que consideran un "parche" y no una solución de fondo. En ese sentido, insisten en que es necesario revisar la fórmula de movilidad y debatir un nuevo esquema previsional que garantice haberes por encima de la línea de pobreza y acordes al costo real de vida.
También señalan la necesidad de discutir la situación de los bonos, que se otorgan de manera discrecional, y avanzar hacia un mecanismo que los incorpore al haber jubilatorio de forma estable, evitando la incertidumbre mensual que genera el actual esquema de renovación por decreto.
Con los nuevos montos, ANSES busca cumplir con la actualización mensual prevista por la normativa, pero la realidad es que los incrementos del 1,5 % lucen exiguos frente a los indicadores de inflación que, según estimaciones privadas y de organismos oficiales, se mantienen en niveles elevados.
Mientras tanto, millones de jubilados, pensionados y familias con menores a cargo siguen esperando medidas de mayor alcance que permitan recuperar el terreno perdido en los últimos años en materia de ingresos reales.
El segundo semestre de 2025 aparece, así, como un período clave para definir el rumbo de la política previsional y social, en un contexto de creciente tensión por el impacto de la inflación en los sectores más desprotegidos de la población.
