El haber neto se ubicaría en torno a los $12 millones, ya que, además de las deducciones legales, la administración previsional aplicó una quita del 20% sobre el haber mensual. Ese descuento se realizó en función de la Resolución 343 de 2025 con el objetivo de efectuar “un recupero del 20% del haber mensual por sumas percibidas indebidamente”.
Por otra parte, la ANSES decidió no liquidar el adicional correspondiente a zona austral, que la exmandataria percibía por tener declarado su domicilio en Santa Cruz. El organismo aclaró también que las futuras modificaciones del monto dependerán de “una variación salarial acordada fuera del ámbito del organismo”.
Por qué la ANSES había suspendido las asignaciones
La decisión de suspender las prestaciones había sido adoptada a fines de 2024, luego de la confirmación de la condena contra la expresidenta en la causa Vialidad. A partir de esa medida administrativa, Cristina Kirchner inició acciones judiciales para recuperar los beneficios mientras se resolvía la cuestión de fondo.
En primera instancia, la jueza Karina Alonso Candis había rechazado el planteo. Sin embargo, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revirtió esa decisión y concedió una medida cautelar.
La organismo previsional busca revertir la decisión ante la Corte Suprema. (Foto: archivo)
Los camaristas fundamentaron la resolución en el carácter alimentario de la prestación, sin expedirse sobre el impacto de la condena a seis años de prisión sobre el derecho a percibir el beneficio. En sentido contrario, un dictamen del procurador general interino Eduardo Casal sostuvo que la situación judicial de la exmandataria debería impedir el cobro de esos fondos.
La ANSES llevó el caso de Cristina Kirchner a la Corte Suprema
La disputa judicial todavía no está cerrada. La ANSES y el Ministerio Público Fiscal recurrieron en queja ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la cautelar que permitió rehabilitar el pago.
La presentación ante el máximo tribunal ocurrió después de que la propia Cámara rechazara conceder un recurso extraordinario. El desembolso finalmente se destrabó en julio, cuando la Justicia aceptó una caución juratoria presentada por Cristina Kirchner, lo que permitió avanzar con el cumplimiento de la medida cautelar.
En paralelo, el Estado busca recuperar $660.052.338,87 correspondientes a sumas abonadas previamente que considera que fueron percibidas de manera indebida. Además, permanece abierto otro expediente judicial iniciado por la exdiputada Graciela Ocaña relacionado con la eventual incompatibilidad del cobro simultáneo de dos prestaciones contempladas por la Ley 24.018.