El Gobierno de Milei busca sortear su debilidad institucional en el Congreso. (Foto: arhivo)
Pasaron 20 días como presidente, pero Javier Milei intenta mostrar que sigue siendo el mismo, y actúa como un ciudadano común, sin privilegios políticos. Paga sus gastos de hotel y viajes en avión. Usa poco el sillón de Rivadavia y se resiste a que personal de ceremonial le ordene la agenda diaria. Llama a sus colaboradores a almorzar a su despacho sin aviso previo y monitorea como avanza cada ministro en la reformulación de cada área.
Instalado todos los días -no faltó ni uno solo- en su despacho de la Casa Rosada, Milei sigue de cerca la evolución del escenario político de confrontación que generó el envío del DNU y el paquete de reformas en el Congreso.
Ante una oleada de críticas por la constitucionalidad y legalidad de las medidas, desde el entorno de Milei salieron a aclarar este viernes, que el DNU y las reformas de la ley ómnibus son medidas que el gobierno no está dispuesto a dar marcha atrás y redoblaron la apuesta al señalar que son el punto de partida de más reformas que enviará al Congreso entre febrero y marzo.
Tanto el DNU como la ley de bases para la libertad de los argentinos empezarán a ser debatidos la próxima semana con la oposición en comisiones del Congreso, incluyen desde reformas al Sistema Electoral, Penal, Civil, Comercial, privatizaciones y funciones del Estado a la mínima expresión. Todo esto derivó en una oleada de recursos de amparo judiciales y el primer paro general de la CGT a 18 días de su llegada al poder y reclamos de la oposición para que el gobierno de marcha atrás con el DNU y envíe leyes para ser debatidas por separado.
Todos coinciden, menos el Gobierno, en que se tratan de temas de tal envergadura que estarían violando derechos consagrados en la Constitución, como la limitación al derecho de libre reunión, entre 3 o más personas que figura en un proyecto de reforma del código penal incluido en la Ley ómnibus.
¿Se le fue la mano al Gobierno con el protocolo antipiquetes o es un indicio de un regreso de los edictos policiales en la época de la dictadura?
¿Algunos dirigentes exageraron al interpretar al de Milei como un gobierno que podría transformarse en una autocracia o monarquía, avasallando el resto de los poderes republicanos y derechos consolidados en 40 años desde el regreso de la democracia?
Es el debate planteado por la oposición y sectores sindicales y piqueteros, pero también constitucionalistas y abogados, al que el Gobierno responde con el reclamo electoral de la sociedad que votó a Milei en el balotaje: "orden y seguridad" en las calles.
Como en todo Gobierno, en el de Milei hay funcionarios que juegan a ser los policías buenos y otros interpretan el papel de los malos.
Pese a los duros cruces del Gobierno con la oposición y distintos sectores corporativos y sindicales, se llevan, por lo bajo, negociaciones para buscar consensos a favor del DNU y de la mega ley.
Milei, Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) y el vocero presidencial, Manuel Adorni, serían los "malos o duros" que buscan defender la legitimidad y la necesidad de las reformas como parte del plan de gobierno, advirtiendo sobre la posibilidad de gobernar a través de decretos y plebiscitos, y cuestionando a los que se oponen al cambio y "no la ven". El nuevo relato de moda en redes sociales.
Esos relatos buscan legitimidad y fortalecer al presidente, apoyándose en el voto del 56% de los argentinos y en encuestas que, según el Gobierno, por más drásticas que sean, las medidas de ajuste anunciadas tendrían cerca del 70 % de aprobación, aunque no tanto las formas en las que se busca aplicarlas.
Por eso, para evitar una ruptura total con la oposición y avanzar hacia un peligroso juego de suma cero, en el que, como ya sucedió en otras épocas en Argentina, cuando oficialismo y oposición no se reconocieron mutuamente como tal y eso derivó en una crisis institucional y violencia política de proporciones, el Gobierno busca una salida negociada y descarta que su intención sea patear el tablero.
Guillermo Francos, y otros ministros como Sandra Pettovello, Nicolás Posse, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem serían "los buenos o moderados" del Gobierno que negocian con diputados, senadores, gobernadores del PJ, intendentes y dirigentes de la CGT, para avanzar en las reformas.
De no llegar a cumplir el objetivo de conseguir que le voten el paquete de leyes completo, ahora el Gobierno admite la posibilidad de una salida cercana a la que propusieron los radicales: que la ley ómnibus se vote en general, para que después se vote cada uno de los artículos con la posibilidad de negociar modificaciones puntuales.
Sin embargo, en caso de no lograr ni siquiera esa instancia, Milei estaría pensando en impulsar un nuevo DNU y convocar a un plebiscito, que incluya todas las reformas de la mega ley, dejando afuera las reformas impositivas y tributarias, la reforma política electoral y la reforma penal, cuestiones que según indica la Constitución Nacional, solo pueden concretarse con mayorías especiales del Congreso.
El rol diario del vocero presidencial, Manuel Adorni, de imponer la agenda de Milei, dio muestras en las últimas conferencias de prensa en la Casa Rosada, de la estrategia del comisario bueno y el malo.
Hubo días en que su mensaje fue más duro, con críticas a la oposición, a la CGT y al mismo Congreso, para terminar la semana bajando el tono y aclarando que Milei nunca pensaría en cerrar el Congreso, como dijo el gobernador bonaerense y hoy principal referente kirchnerista, Axel kicillof.
"Sería un absoluto delirio creer que el presidente Milei quiere cerrar el Congreso", replicó Adorni y defendió la legalidad del DNU que pide al Congreso la delegación de la suma de poderes legislativos al presidente, por 2 años, con posibilidad de extenderlo a 4 y que ya suma una ola de presentaciones judiciales.
"El DNU está supeditado a su suerte legislativa, porque es lo que marca la ley. Es difícil dar detalles sobre una obviedad", dijo el vocero y ante la consulta de A24.com sobre qué pasaría si la Corte Suprema de Justicia o tribunales inferiores hicieran lugar a los pedidos de inconstitucionalidad, aclaró que en el Gobierno: "respetamos la división de poderes, la Corte Suprema o cualquier otra instancia judicial, sea el DNU o cualquier otra cuestión la vamos a respetar".
"El DNU para nosotros es legal, constitucional y está integrado en todas las libertades, cumple con el marco legal constitucional en favor de las libertades, no entendemos que exista ninguna razón para que se declare inconstitucional. Cuando lleguen las distintas instancias iremos respondiendo los diferentes planteos y los iremos resolviendo", sentenció el nuevo vocero de la Casa Rosada.
Mientras convocó a negociar aumentos salariales en paritarias con los estatales, el gobierno avanza en la definición de las primeras auditorías para la eliminación de planes sociales irregulares, y "el saneamiento" en empresas del Estado.
Serán las bases sobre las cuales, a través de cada ministerio, secretaría y organismo público, empezará a concretar los recortes anunciados para bajar el 15% del gasto público y llegar al déficit cero que busca Milei.
Al gobierno le lleva ya más de 20 días reorganizar toda la estructura de gabinete, luego de reducir las carteras de 21 a 9, la absorción de ministerios sobre otros que fueron bajados al nivel de secretarías.
Tal es el caso de Capital Humano que no existía como ministerio y absorbió a Trabajo, Salud, Educación y Cultura: no cuenta con sede propia y trabaja en la eliminación de cientos de cargos políticos y contratados que ya no tendrían ninguna función en el nuevo organigrama del Gabinete. En eso está trabajando el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
En el Gobierno ya no temen de hablar de despidos, y los enmarcan en "el empleo militante o innecesario, afuera!, como dijo el presidente en campaña". Es más, defiende públicamente la idea de que se vienen meses muy difíciles, y aunque evitan hablar de despidos masivos, a raíz de las futuras privatizaciones, contraponen la defensa de la desregulación económica para atraer inversiones y promover el empleo privado como objetivo de las ideas libertarias.