Aunque el epicentro de este pleito entre Shakira y Hacienda se centra en su residencia a efectos fiscales, no parece que sea el único frente abierto. Los inspectores también están interesados en analizar las cuantiosas donaciones realizadas por la cantante a su Fundación Pies Descalzos. Pretenden comprobar si todos los ingresos declarados en España durante los ejercicios 2015 y 2016 se corresponden con lo que realmente tenía que tributar y no se ha perdido el dinero en donaciones.
Todavía no hay fecha para que la cantante declare, pero parece claro que se abre un largo proceso que puede derivar en una acusación de fraude que, por su cuantía, superior a 600 mil euros (US$743 mil), puede, incluso, conllevar petición de prisión.