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Fuerte denuncia del Gobierno a Jorge Rial y Mauro Federico: los estudios de Carnaval stream serían allanados

Desde el Gobierno solicitaron un allanamiento en los estudios de Carnaval y apuntan a Jorge Rial y Mauro Federico tras conocerse grabaciones que involucran a la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei, con casos de presunta corrupción.

Fuerte denuncia del Gobierno a Jorge Rial y Mauro Federico: los estudios de Carnaval stream serían allanados

Este lunes en Intrusos (América TV) contaron que el Gobierno solicitó un allanamiento en los estudios de Carnaval.

Apuntan a Jorge Rial y Mauro Federico, figuras de ese streaming, tras la filtración de los audios que vinculan a la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei, con el presunto cobro de coimas.

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"El Gobierno denuncia un plan para generar caos. Quieren saber quién es la fuente. Quién es el traidor dentro del Gobierno", comentó Adrián Pallares en el ciclo de América TV.

En sus redes sociales, Jorge Rial no tardó en reaccionar ante el accionar del Gobierno nacional. "El gobierno nos acusa de una conspiración internacional", exclamó.

"Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna. En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de @JMilei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión", siguió.

"Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza. Ya es imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado en beneficio propio en un escándalo que parece no tener fin. Como siempre, nos vemos hoy en #Argenzuela por @C5N y en @CarnavalStream. Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia", completó.

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El gobierno denunció "una operación de inteligencia ilegal" contra Karina Milei

A menos de una semana de las elecciones legislativas bonaerenses, el gobierno, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

Según informó en un mensaje publicado en la red social X, Adorni señaló este lunes que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”.

“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, denunció el funcionario de Javier Milei, en referencia a los audios que la semana pasada difundieron medios de comunicación con la voz de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, durante una supuesta reunión realizada en la Casa Rosada.

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Los 10 puntos de la denuncia del gobierno que hablan de “influencia extranjera” y apunta a periodistas, empresarios, una diputada y agentes de inteligencia

Según pudo saber A24.com, la denuncia del Gobierno fue presentada este lunes 1 de septiembre y quedó sorteada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, que será subrogado por el juez federal Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal N° 10, bajo el expediente CFP 3604/2025.

Titulado “Denuncia contra la operación de espionaje ilegal e influencia extranjera”, el escrito fue presentado por el abogado Fernando Oscar Soto, del Ministerio de Seguridad nacional.

Según pudo comprobar A24.com, la decisión de presentar la denuncia se definió en una reunión realizada este lunes en Casa Rosada, en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, junto al Procurador General de la Nación, Santiago Castro Videla.

Los 10 puntos de la denuncia del gobierno:

  • 1. El Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera.
  • 2. La maniobra consistió en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios.
  • 3. No se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral.
  • 4. El objetivo fue generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales.
  • 5. Entre los responsables identificados se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial (que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente) y el abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino.
  • 6. Se advierte que las grabaciones podrían haberse realizado incluso en la propia Casa Rosada, lo que constituye una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial.
  • 7. Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas.
  • 8. La Ley de Inteligencia Nacional prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas.
  • 9. Por ello, la denuncia solicita medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral.
  • 10. El mensaje es contundente: no se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia.

La denuncia penal presentada por el gobierno solicita además allanar el canal de streaming Carnaval, que difundió los audios de Karina Milei, y los domicilios de su propietario, Pablo Toviggino, así como de los periodistas Jorge Rial, Mauro Federico y otros involucrados en la difusión de los audios. También se pidió, como “medida de prueba”, la incautación de dispositivos electrónicos —computadoras, notebooks, teléfonos, discos externos, pendrives— y documentación vinculada a las maniobras descritas, con el objetivo de determinar quiénes fueron los organizadores y partícipes de los delitos cometidos.

El Gobierno solicita además a la Justicia “investigar el rol que tuvieron la diputada nacional Marcela Pagano y su pareja Bruno Bindi” en las presuntas escuchas ilegales que, según el Ejecutivo, “ponen en peligro la democracia” y afectan el normal desarrollo del proceso electoral.

     

 

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