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La Fiscalía española archiva la denuncia contra Julio Iglesias: el motivo

La Fiscalía española archiva la investigación abierta al cantante Julio Iglesias tras las denuncias presentadas contra él por dos exempleadas. Los detalles.

La Fiscalía española archiva la denuncia contra Julio Iglesias: el motivo

Este viernes se supo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha decidido archivar la denuncia presentada contra Julio Iglesias por dos trabajadoras por presuntas agresiones sexuales y trata, después de que elDiario.es hiciera pública una investigación de tres años por estos presuntos delitos.

El ministerio público alega la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”.

Estos ocurrieron en República Dominicana y Bahama, e Iglesias, quien tiene actualmente 82 años, “ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad” a pesar de que tenga propiedades inmobiliarias en territorio nacional, como detalla el citado medio.

La organización Women's Link, que colabora con las denunciantes, alegó tras abrir esta vía que habían elegido España porque consideraban que era el país donde el proceso podía tener más recorrido.

Cabe recordar que el lunes, la defensa de Iglesias, José Antonio Choclán, pidió que se le tuviera por personado en las diligencias de investigación y que se archivaran por “la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos”. El miércoles solicitó una copia de la denuncia. Y así ha sido finalmente. Pese a que elDiario.es publicó el comienzo de su investigación el pasado 12 de enero, la Fiscalía investigaba el caso desde comienzos de mes.

Las dos antiguas trabajadoras, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, que trabajaron para él en 2021 en sus viviendas en República Dominica y Bahamas, aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral y así se lo relataron a elDiario.es, en una investigación realizada en colaboración con Univisión. La más joven tenía entonces 22 años, e Iglesias, 77.

Julio Iglesias

Qué dijeron las dos exempleadas que acusaron a Julio Iglesias de abuso

Una de las denunciantes, identificada con el nombre ficticio de Rebeca, relató que Julio Iglesias la hacía ir a su habitación después de terminar su trabajo. Según su declaración, allí era sometida a penetraciones vaginales y anales con los dedos y maltratos físicos y verbales, todo sin su consentimiento.

Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, expresó en su testimonio ante elDiario.es y Univision. También afirmó que muchos de esos episodios ocurrían con la presencia de otra empleada con un cargo jerárquico superior.

La otra denunciante, Laura —también nombre ficticio—, contó que el artista la besó y le tocó los pechos sin su consentimiento. “Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones”, recordó. Según relató, una situación similar se repitió en la piscina de la villa de Punta Cana.

Laura explicó que lo que al comienzo le pareció “una casa de ensueño” terminó transformándose en un espacio dominado por discusiones constantes y reacciones de enojo cuando algo no se hacía de acuerdo con los gustos del cantante.

La mujer definió a Iglesias como “una persona muy controladora” y aseguró que ejercía su poder “a través del miedo”. Según su testimonio, amenazaba con despedir al personal y les repetía que trabajar para él era lo mejor que les podía pasar. Ese control se manifestaba en prácticas extremas como vigilar qué y cuánto comían, preguntarles sobre su menstruación o imponer límites sobre lo que podían o no hacer.

Rebeca fue aún más contundente al describir las mansiones como “la casita del terror” y resumió la experiencia como “un drama, una cosa horrible”. En la propiedad de Punta Cana convivían cerca de diez empleadas domésticas y, según un documento de agosto de 2023 citado en la investigación, el total de trabajadores llegó a ser de 16 personas.

En su caso, el control incluía la revisión arbitraria del teléfono celular. “Yo no dejaba el móvil con nada visible porque sabía que él lo iba a hacer”, contó. Aseguró que debía ocultar conversaciones y fotos, ya que dentro de la villa estaba terminantemente prohibido sacar imágenes.

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