En los próximos días, la denuncia por “abuso sexual infantil” contra la diputada electa Amalia Granata y su ex pareja, Ricardo Biasotti, podría superar el ámbito de lo mediático y concretarse a nivel judicial.
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En los próximos días, la denuncia por “abuso sexual infantil” contra la diputada electa Amalia Granata y su ex pareja, Ricardo Biasotti, podría superar el ámbito de lo mediático y concretarse a nivel judicial.
La noticia se hizo viral en apenas 24 horas y generó expectativa en la Legislatura de Santa Fe, a la que Granata debería incorporarse el 10 de diciembre próximo.
El diario Página 12 confirma que hasta el momento no se radicó ninguna denuncia en contra de la legisladora electa. De todos modos, advirtieron que de efectivizarse la denuncia, a nivel judicial o ante el cuerpo legislativo, la situación podría ser “muy complicada” para Granata.
Fuentes legislativas recordaron que la Constitución provincial “es mucha más dura” que la que rige a nivel nacional. En ese sentido, se recordó que “existen antecedentes de diputados que fueron expulsados del cuerpo legislativo por la simple imputación, a diferencia de lo que se estipula en la Constitución Nacional, que permite al imputado seguir ejerciendo su labor parlamentaria hasta que se llegue a una condena”.
Mientras tanto, Juan Pablo Fioribello, abogado de Andrea del Boca, ratificó que Anna Chiara, la hija de la actriz y de Biasotti, presentará una denuncia judicial contra su padre bajo la acusación de “abuso sexual infantil”.
Como se dijo, la imputación es porque, según dijo Chiara, su padre y su ex pareja, la obligaban a acortarse desnuda junto con ellos dos, también desprovistos de ropa, para mirar películas pornográficas desde la cama. Los hechos habrían ocurrido cuando la joven, que hoy tiene 18 años, tenía entre 4 y 6 años. Una legisladora entiende que Granata era la pareja de ese momento.
Como respuesta a las acusaciones, Granata respondió que se trata de “una denuncia televisiva”, que “todo lo que se dice es mentira” y que ella misma se presentó en forma espontánea ante la justicia, para que se determine si ella tiene rasgos psicológicos o psiquiátricos que indiquen que puede ser una persona proclive a cometer hechos de abuso sexual infantil.
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